En distintas ciudades de Estados Unidos, comunidades de inmigrantes y organizaciones de apoyo han desarrollado formas creativas y a veces polémicas para alertar sobre posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Plataformas como Waze, cámaras de seguridad domésticas, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y foros en línea se han convertido en canales para compartir información sobre la presencia de agentes migratorios. Los avisos suelen utilizar términos codificados, como “carretera helada” (icy road ahead), para alertar de forma indirecta a personas indocumentadas sobre la cercanía de operativos.
Este tipo de avisos se han multiplicado desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha intensificado las detenciones y deportaciones, incluso de personas que no tenían procesos judiciales abiertos. Datos internos citados por medios estadounidenses indican que menos del 10 % de los detenidos desde octubre pasado tienen condenas penales graves.
No todos ven estas alertas de la misma manera. Para Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, difundir información que pueda interferir con un operativo podría interpretarse como obstrucción a la justicia, advirtiendo que quienes obstaculicen el trabajo de ICE podrían enfrentar procesos judiciales. Sin embargo, expertos legales señalan que existen precedentes que protegen estas acciones bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Líderes comunitarios, como Francisco Aguirre en Oregón, defienden el uso de estos canales, asegurando que ayudan a evitar detenciones injustificadas y a mantener informada a la población migrante. Aguirre, solicitante de asilo y activista, afirma que su objetivo no es fomentar la confrontación, sino proteger a familias trabajadoras:
“No estamos a favor de la violencia. Somos una comunidad de paz, amor y unidad. Solo queremos que nuestras familias estén a salvo”.
Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) consideran estas herramientas como “salvavidas digitales” que forman parte del derecho a defenderse. Para ellas, limitar este tipo de alertas sería un retroceso en materia de derechos civiles.
Por su parte, Waze informó que enviar reportes falsos va en contra de sus políticas y que los usuarios pueden reportar o eliminar información inexacta dentro de la aplicación.
El debate sobre estas prácticas se da en un contexto de creciente tensión migratoria y polarización política, mientras comunidades y autoridades discuten dónde trazar la línea entre la libertad de expresión y la ejecución de la ley.
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