El centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en plena reserva natural de Big Cypress, en los Everglades de Florida, enfrenta una demanda colectiva que podría marcar un antes y un después en su operación. Esta semana, se celebró la primera audiencia judicial del caso, encabezada por la jueza Kathleen Williams, quien deberá determinar no solo el curso del proceso, sino también si el centro puede continuar funcionando mientras se resuelve el litigio.
Durante la audiencia preliminar, que duró alrededor de una hora, se discutió un aspecto clave: la definición de la jurisdicción responsable, ya que la gestión del centro implica a múltiples niveles gubernamentales —estatal, federal y local—. Este punto será crucial para establecer responsabilidades en torno a las múltiples denuncias que pesan sobre la instalación.
Alligator Alcatraz, abierto hace apenas unas semanas, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y familiares de personas detenidas. Los testimonios recabados en la demanda alegan condiciones de hacinamiento, falta de acceso a atención médica adecuada, y obstáculos al ejercicio del derecho a una defensa legal. También se han señalado irregularidades en la custodia de personas y un manejo opaco de la información por parte de las autoridades.
Uno de los casos destacados en el expediente judicial es el de Michell Borrego, quien fue detenido tras una entrevista de libertad condicional. Según su madre, el joven fue sometido a una cirugía urgente y luego devuelto al centro sin cuidados postoperatorios, lo que plantea serios cuestionamientos éticos y sanitarios. Por otro lado, Juan Palma Martínez, también incluido en la demanda, describió su situación como “insostenible”, afirmando que se encuentra encerrado junto a más de treinta personas en condiciones insalubres y sin posibilidad de caminar o descansar con dignidad.
La falta de acceso a asesoría legal confidencial y la ausencia de protocolos de protección jurídica son otros de los puntos más señalados por los demandantes. En algunos casos, familiares afirman que sus seres queridos han quedado en un “limbo legal”, sin confirmación formal de su custodia por parte de las autoridades migratorias.
Frente a esta situación, diversos sectores de la comunidad se han movilizado. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, ha expresado públicamente su preocupación y se encuentra a la espera de autorización para ingresar al centro. Mientras tanto, encabezó una vigilia de oración frente a las instalaciones, acompañado por feligreses y representantes de organizaciones católicas, en un gesto simbólico de denuncia y acompañamiento.
La próxima fase del proceso judicial tendrá lugar el 30 de julio, fecha en la que las partes volverán a comparecer ante la jueza Williams. Para el 6 de agosto, está prevista una audiencia en la que se evaluará formalmente la solicitud de suspensión temporal del centro, presentada por los abogados de los demandantes. De aprobarse, esta medida implicaría el cierre provisional de las instalaciones mientras se sustancia el caso.
El futuro de Alligator Alcatraz queda así en manos del tribunal, en un contexto donde se cruzan cuestiones legales, humanitarias y ambientales, y donde el debate sobre los límites del sistema de detención migratoria en Florida vuelve a colocarse en el centro de la atención pública.
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