Una familia cubana residente en Texas atraviesa una situación angustiante tras revelarse que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presionaron a un padre detenido para que firmara un documento que permitiría la detención de su hija de apenas ocho años.
La denuncia fue difundida por el periodista Javier Díaz, quien ha seguido de cerca numerosos casos de migrantes cubanos. Según su reporte, al padre —que se encuentra bajo el estatus migratorio I-220A— se le habría planteado la frase: “Firme para que la detengamos también”, en referencia directa a su hija, lo que ha causado alarma entre organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad cubana en el exilio.
El documento I-220A, emitido por ICE, permite a ciertos migrantes permanecer en libertad bajo supervisión mientras se define su situación legal. Aunque no representa una legalización formal de su estatus migratorio, tampoco equivale a una orden inmediata de deportación. Sin embargo, este caso ha despertado inquietud sobre un posible endurecimiento de las políticas, que incluiría ahora a menores de edad.
“La implicación de niños en procesos de detención bajo estos términos representa una escalada sin precedentes. No es habitual que se presione a padres para que autoricen medidas de este tipo contra sus propios hijos”, señaló un abogado de inmigración con sede en Houston, que pidió permanecer en el anonimato.
La madre de la niña, visiblemente consternada, ofreció declaraciones a medios locales. “Mi hija no ha hecho nada malo. Solo queremos vivir en paz. No entiendo cómo pueden contemplar detener a una menor por el simple hecho de acompañarnos en este país”, expresó.
Diversas organizaciones ya han comenzado a brindar apoyo legal a la familia y han solicitado explicaciones formales a las autoridades migratorias. Algunos expertos advierten que este caso podría no ser aislado, y que otras familias cubanas con menores bajo I-220A estarían igualmente expuestas a medidas similares.
La situación plantea un delicado dilema legal y humanitario, en un contexto marcado por crecientes tensiones migratorias. Mientras tanto, el temor se extiende entre las familias cubanas con estatus migratorio precario, que observan con preocupación el posible alcance de estas nuevas prácticas.
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