Los Ángeles, 12 de julio de 2025 — Una jueza federal del Distrito Central de California ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspender las detenciones migratorias sin causa probable en siete condados del sur del estado, incluyendo Los Ángeles, tras considerar que se estarían realizando arrestos basados en perfiles raciales, lingüísticos o profesionales, en lugar de pruebas concretas.
La magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada durante la administración Biden, dictó una orden de restricción temporal en respuesta a una demanda presentada por la ACLU del sur de California, que alegó que agentes del DHS y otras agencias federales —incluidos el FBI y el Departamento de Justicia— habrían llevado a cabo detenciones inconstitucionales bajo el actual gobierno de Donald Trump, según reporto CNN.
Frimpong sostuvo en su fallo que los demandantes demostraron que las autoridades estaban realizando patrullajes y detenciones sin la debida justificación legal y, en muchos casos, negando el acceso a abogados a los detenidos. Ordenó que el DHS elabore nuevas directrices que excluyan criterios como raza, idioma, acento, lugar de detención o tipo de empleo al evaluar posibles sospechosos.
Además, la jueza exigió que el DHS entregue documentación regular sobre las detenciones a los abogados de los demandantes y garantice el derecho a defensa legal, en especial en el centro de detención identificado como “B-18”, donde según las denuncias, los arrestados enfrentaban condiciones precarias, como falta de acceso a camas, duchas y atención médica.
Durante la audiencia previa al fallo, Frimpong mostró escepticismo frente a los argumentos del Gobierno, que defendió las redadas basándose en “información de inteligencia” o “análisis de tendencias”. La jueza cuestionó duramente la ausencia de reportes específicos que justificaran las detenciones, señalando que no se había presentado “ni un solo caso con evidencia concreta de sospecha razonable”.
La respuesta del DHS no se hizo esperar. Su portavoz, Tricia McLaughlin, criticó la decisión judicial, afirmando que “un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”. En contraste, figuras demócratas como el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebraron el fallo como una defensa del estado de derecho y los derechos constitucionales.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump ha endurecido su política migratoria, instando a ICE a ampliar las deportaciones, especialmente en ciudades con gobiernos demócratas, y desplegando efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles como parte de sus medidas para contener las protestas contra las redadas.
El abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, resumió el espíritu del fallo con una declaración clara: “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen derechos constitucionales que deben ser respetados”.
Fuente: CNN y otros medios
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