Un juez federal en Estados Unidos emitió un fallo que impide, por ahora, la entrada en vigor del decreto presidencial impulsado por Donald Trump que pretendía revocar la ciudadanía por nacimiento. La medida, considerada una de las más polémicas en el ámbito migratorio, fue detenida por el juez Joseph Laplante, del Distrito de Nueva Hampshire.
El magistrado argumentó que el decreto no tiene una base legal constitucional sólida, ya que contradice lo establecido en la 14ª Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. El fallo se considera un punto de inflexión dentro del debate sobre derechos civiles e inmigración.
La propuesta había sido anunciada por Trump desde 2018, pero fue formalizada años más tarde. Con ella, su administración buscaba restringir derechos a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU., lo cual generó una amplia ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes advirtieron sobre el riesgo de crear una población apátrida dentro del propio país.
El caso también revive tensiones entre tribunales, ya que la Corte Suprema había limitado recientemente la capacidad de jueces federales de tribunales inferiores para emitir fallos con alcance nacional. No obstante, Laplante justificó su decisión con base en la necesidad de preservar derechos fundamentales ya consagrados por la Constitución.
Desde la Casa Blanca se informó que la administración apelará el fallo, con el objetivo de que instancias superiores analicen el caso. A pesar de este revés legal, el gobierno mantiene su plan de seguir promoviendo una reforma migratoria integral como parte central de su agenda.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron el fallo como una victoria simbólica y legal, recordando que la ciudadanía por nacimiento ha sido una piedra angular del sistema democrático estadounidense. Para ellos, su eliminación afectaría directamente a comunidades vulnerables y erosionaría el principio de igualdad ante la ley.
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