Los comisionados de la Ciudad de Miami aprobaron una controvertida asociación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Policía de Miami, que permitirá a los agentes locales detener, interrogar y arrestar a personas sospechosas de violar las leyes migratorias federales.
La decisión, adoptada en una sesión reciente del gobierno municipal, ha generado preocupación entre activistas y organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el posible aumento de perfiles raciales, abusos policiales y detenciones arbitrarias, especialmente en comunidades de inmigrantes.
Con esta alianza, los oficiales de policía de Miami estarían autorizados a colaborar directamente con ICE, participando en operativos migratorios y ejecutando detenciones basadas en criterios de sospecha sobre el estatus migratorio de las personas, incluso en ausencia de órdenes judiciales federales.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Coalición de Inmigrantes de Florida han criticado duramente la medida, al considerarla una forma de criminalización de la inmigración y una ruptura del principio de separación entre las funciones policiales locales y la jurisdicción migratoria federal.
En respuesta, los comisionados que apoyaron la iniciativa argumentan que la colaboración con ICE contribuirá a «mejorar la seguridad pública» y permitirá una “aplicación más eficiente de las leyes”. Sin embargo, esta visión ha sido ampliamente cuestionada por estudios que indican que las políticas de colaboración entre policías locales y agencias federales de inmigración tienden a reducir la cooperación de comunidades inmigrantes con las fuerzas del orden, por miedo a ser detenidas o deportadas.
La medida se adopta en un contexto de tensión migratoria creciente a nivel nacional, y forma parte de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, que promueve un enfoque más severo en el control de fronteras y la presencia de inmigrantes indocumentados dentro del país.
El impacto de esta decisión se sentirá de forma inmediata en una ciudad caracterizada por su diversidad cultural y alto porcentaje de población inmigrante, generando dudas sobre la confianza de los residentes en las autoridades locales y el respeto al debido proceso.
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