Un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito en Estados Unidos celebró este martes una audiencia clave para determinar si el presidente Donald J. Trump actuó dentro del marco legal al federalizar a miles de efectivos de la Guardia Nacional de California, desplegados en Los Ángeles en el contexto de las recientes protestas por las redadas migratorias.
La sesión, que se extendió por más de una hora, abordó la legalidad de la acción presidencial tras una orden emitida la semana pasada por el juez Charles Breyer, quien concluyó que Trump violó varias disposiciones legales al asumir el control directo de las tropas sin seguir los procedimientos estipulados. Entre ellos, uno de los puntos más debatidos fue el incumplimiento de la obligación de emitir la orden “a través del gobernador”, en este caso el demócrata Gavin Newsom.
Discrepancias dentro del panel judicial
Aunque la corte no tomó una decisión inmediata, al menos dos jueces —ambos designados por Trump— mostraron escepticismo ante la postura del estado de California. El juez Mark Bennett cuestionó por qué no era válido que la orden fuera transmitida al general adjunto del estado, mientras que el juez Eric Miller sugirió que la exigencia de comunicación directa con el gobernador parecía más una imposición política que un mandato legal expreso.
Los representantes legales del estado alegan que, conforme a la legislación federal, la intervención del presidente en tropas estatales debe contar con la consulta y autorización del gobernador, como mecanismo de respeto al equilibrio entre poderes estatales y federales.
La Casa Blanca alega autoridad plena
En contraste, el abogado del gobierno federal sostuvo que las decisiones del presidente en materia de despliegue militar no deberían ser objeto de revisión judicial, un argumento que fue rechazado previamente por el juez Breyer, al considerar que existen límites claros establecidos por el Congreso.
La disputa ocurre en medio de fuertes tensiones políticas entre el gobierno federal y los estados que han desafiado las políticas migratorias de Trump, particularmente California, que ha sido epicentro de movilizaciones, acciones judiciales y resistencia institucional frente a las operaciones de inmigración.
Contexto y posibles consecuencias
El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue una de las respuestas más controvertidas del Ejecutivo tras las protestas masivas por el uso de redadas migratorias y detenciones sin orden judicial. Las imágenes de militares armados en calles y edificios federales generaron una ola de críticas en sectores que denunciaron la militarización de la respuesta a manifestaciones civiles.
Si el tribunal confirma que Trump incumplió los requisitos formales para federalizar tropas estatales, el precedente podría tener implicaciones legales duraderas sobre los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto interno o emergencia.
La corte deberá ahora evaluar si se mantiene la orden del juez Breyer de devolver el control de los efectivos a las autoridades estatales, o si se valida la actuación del presidente como ajustada a derecho.
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