El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comenzado a revocar de forma inmediata el parole humanitario conocido como CHNV, que hasta ahora permitía la entrada temporal y legal de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al país. La medida, que también anula los permisos de trabajo asociados, afectará a más de 500,000 personas según estimaciones oficiales.
Desde este martes, los beneficiarios han comenzado a recibir notificaciones formales de cancelación, lo que implica que quienes permanezcan en territorio estadounidense sin otro estatus legal podrían ser detenidos y deportados sin previo aviso. La decisión marca un cambio radical en la política migratoria reciente, y ha generado alarma en las comunidades migrantes afectadas.
El DHS, por su parte, ha justificado la medida como un retorno a “políticas de sentido común”, argumentando que se busca priorizar la seguridad nacional y frenar lo que califican como abuso de programas humanitarios. En un comunicado, la agencia sostuvo que el parole había sido malinterpretado como un camino garantizado a la residencia, cuando en realidad se trata de una figura temporal y discrecional.
Como parte de esta nueva política, el gobierno está promoviendo la auto-deportación voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que permite a los migrantes coordinar su salida del país. Aquellos que accedan a regresar a sus países de origen recibirán asistencia de viaje y un bono de $1,000 dólares, en lo que las autoridades describen como un “incentivo de retorno ordenado”.
La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y miembros del Congreso, quienes advierten que muchas de las personas afectadas escapan de contextos de persecución, crisis humanitarias y represión, y ahora quedan en riesgo de deportación inmediata sin oportunidad de defender sus casos ante un juez.
También se ha señalado la falta de claridad en los criterios utilizados para las cancelaciones, así como el impacto desproporcionado en comunidades que ya enfrentan barreras lingüísticas, inseguridad económica y desinformación sobre sus derechos migratorios.
Mientras tanto, miles de familias —muchas de ellas ya establecidas en EE.UU. y con hijos nacidos en el país— ven con incertidumbre su futuro, ante una medida que cierra abruptamente una de las principales vías legales que había permitido a cientos de miles de personas escapar de situaciones extremas.
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