La activista cubana Salomé García Bacallao ha denunciado públicamente el cierre masivo y silencioso de solicitudes de asilo político en Estados Unidos, sin que los solicitantes tengan la oportunidad de defender sus casos ante un juez o presentar apelaciones. La alerta ha generado creciente preocupación entre inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, comunidades especialmente afectadas por estas medidas.
Según detalló García Bacallao en una publicación en redes sociales, las autoridades están notificando la terminación de los procesos mediante una carta conocida como “Notice of Dismissal of Form I-589”, documento que implica el cierre definitivo del caso sin audiencia judicial. Esta práctica, asegura, viola garantías mínimas del debido proceso, dejando a los solicitantes en un limbo legal y expuestos a detención o deportación inmediata.
“Lo peor es que, tras este cierre, muchas personas quedan a la espera de una entrevista de miedo creíble, sin saber qué esperar ni cómo proceder”, advirtió la activista, quien ha acompañado numerosos casos de cubanos perseguidos políticamente, incluyendo participantes en las protestas del 11 de julio de 2021.
Además, denunció que algunos solicitantes han sido detenidos durante controles rutinarios de inmigración sin siquiera haber sido notificados previamente del cierre de sus expedientes. En muchos casos, incluso quienes cuentan con representación legal y pruebas documentadas de persecución, han recibido estas notificaciones sin explicación alguna.
García Bacallao vinculó esta ola de cierres a una estrategia migratoria más amplia, impulsada desde sectores del poder federal, orientada a incrementar deportaciones a razón de hasta 3.000 personas por día, según cifras atribuidas al asesor republicano Stephen Miller. A su juicio, se trata de una política que criminaliza infracciones menores, como trabajar sin autorización o exceder el tiempo permitido por visa.
La activista también cuestionó las redadas masivas en lugares de trabajo y en cercanías de escuelas, que han sembrado miedo en comunidades ya vulnerables. “Este no es un problema que se resuelva caso por caso. Se requiere una respuesta colectiva y contundente frente a la normalización de estas violaciones”, sostuvo.
En su llamado, García Bacallao instó especialmente a la comunidad cubanoamericana a no guardar silencio. “Es hora de levantar la voz. No se trata de partidos políticos ni de ideologías. Se trata de derechos fundamentales: el debido proceso, la libertad de expresión y el respeto a la vida de quienes huyen de contextos represivos”, concluyó.
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