Al menos 44 personas resultaron detenidas este viernes durante una serie de redadas migratorias realizadas en distintos puntos de Los Ángeles por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con otras agencias federales. Las operaciones, que incluyeron el uso de granadas aturdidoras, gas pimienta y gases lacrimógenos, desembocaron en enfrentamientos violentos con manifestantes que intentaban impedir los arrestos.
Los operativos se desarrollaron en el Distrito de Westlake, el centro y el sur de Los Ángeles, e incluyeron una intervención en una tienda mayorista del Distrito de la Moda, donde se registraron algunos de los episodios más tensos. Las redadas forman parte de una amplia ofensiva nacional impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración no autorizada, especialmente en ciudades con altos índices de migrantes indocumentados.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reaccionó con dureza tras los hechos, afirmando que estas tácticas «solo consiguen sembrar el terror» en comunidades que ya enfrentan incertidumbre y exclusión. «No permitiremos que este tipo de acciones continúen perturbando la paz social de nuestra ciudad», expresó en su cuenta oficial.
Durante los enfrentamientos, agentes antidisturbios desplegaron granadas aturdidoras y gases químicos, mientras manifestantes lanzaban objetos como bloques de concreto, según reportes visuales de la agencia Reuters. Las imágenes muestran una fuerte presencia policial, con oficiales armados bloqueando calles céntricas y enfrentándose a multitudes que exigían la liberación inmediata de los detenidos.
Uno de los hechos más controvertidos fue la detención del líder sindical David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio – Trabajadores de Servicio Unidos Oeste. Huerta fue arrestado cuando, según ICE, obstruyó el acceso a una de las locaciones intervenidas. Fue hospitalizado tras sufrir lesiones durante el arresto. En un comunicado, Huerta denunció: «Esto no es justicia. Es una injusticia descarada, y todos debemos oponernos».
La ACLU del Sur de California también condenó la actuación de las autoridades locales, señalando que la colaboración del Departamento de Policía de Los Ángeles con los agentes federales rompe el compromiso de la ciudad como “santuario”. En palabras del abogado Andrés Kwon, “agentes enmascarados secuestraron y encerraron a angelinos en sótanos mientras la policía agredía a manifestantes y observadores legales que ejercían sus derechos constitucionales”.
Los operativos se suman a una serie de acciones similares ocurridas en otras ciudades del sur de Estados Unidos, como San Diego, y reflejan una escalada en las medidas migratorias bajo el actual gobierno, que insiste en endurecer el control fronterizo y acelerar las deportaciones.
Las redadas en Los Ángeles, sin embargo, han desatado un nuevo capítulo de tensión social, donde organizaciones civiles, líderes locales y ciudadanos denuncian no solo la política migratoria, sino el modo en que se ejecuta: con fuerza desproporcionada, sin transparencia y con consecuencias humanas profundas.
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