A partir del 1° de mayo, la legislación en Florida prohibirá la realización de abortos después de las seis semanas de embarazo. Esta nueva ley representa un cambio significativo en la política de salud reproductiva del estado y coloca a Florida entre los 21 estados de EE.UU. que han implementado restricciones similares.
La medida ha generado un amplio debate y preocupación entre las organizaciones de salud, como Planned Parenthood, la cual ha anunciado que deberá ajustar sus servicios en conformidad con la nueva regulación. Según la organización, la ley entra en vigor antes de que muchas personas puedan siquiera saber que están embarazadas, lo cual complica significativamente la capacidad de tomar decisiones informadas sobre la salud reproductiva.
Barbara Zdravecky, CEO interina de Planned Parenthood, expresó que esta ley agudiza la crisis de salud pública al limitar el acceso al aborto y forzar a muchas a buscar servicios fuera de su estado o incluso fuera de su alcance económico y logístico.
En respuesta a las crecientes restricciones, el grupo Floridans Protecting Freedom ha logrado llevar una enmienda a la Constitución de Florida a referéndum en las elecciones de noviembre. Si se aprueba con al menos el 60 % de los votos, esta enmienda protegería el derecho al aborto en el estado, limitando la interferencia política en las decisiones de salud reproductiva.
La situación en Florida refleja una división más amplia en el país respecto al derecho al aborto, especialmente tras la anulación de Roe v. Wade. Encuestas locales muestran opiniones divididas: una reciente encuesta indica que un 64 % de los floridanos apoyaría el derecho al aborto, mientras que otra refleja que solo un 49 % está a favor de la enmienda constitucional propuesta, con un 32 % aún indeciso.
Este contexto de división política y social pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los votantes y las organizaciones en Florida mientras se aproximan a una votación que podría definir el futuro del acceso al aborto en el estado.
