La jueza federal Allison Burroughs, del distrito de Massachusetts, ha dictado este viernes una orden de restricción temporal que impide la aplicación inmediata de la proclamación firmada por el presidente Donald Trump, la cual buscaba suspender los visados F-1 y J-1 de los estudiantes internacionales de la Universidad de Harvard.
La decisión judicial se produce apenas horas después de que la prestigiosa institución académica presentara una demanda en la que calificaba la medida presidencial como una “represalia inconstitucional” que violaría la Primera Enmienda y la libertad académica. En palabras del equipo legal de la universidad, “los más de 7.000 titulares de visados F-1 y J-1 de Harvard, y sus personas a cargo, se han convertido en peones en la creciente campaña de represalias del Gobierno”.
La proclamación de Trump, emitida el día anterior, no solo suspendía los visados a futuros estudiantes internacionales que pretendieran ingresar a Harvard, sino que también contemplaba revocar permisos ya vigentes, lo que habría afectado gravemente a miles de alumnos actualmente inscritos.
El texto firmado por el mandatario justificaba la medida afirmando que Harvard admitía a estudiantes procedentes de países hostiles que, a su juicio, “buscan la destrucción de Estados Unidos y sus aliados o el exterminio de pueblos enteros”. Además, acusaba a la universidad de realizar investigaciones que, supuestamente, podrían beneficiar militarmente a China.
La respuesta judicial ha sido tajante, al menos en esta fase preliminar. Con la orden de Burroughs, la norma impulsada por la Casa Blanca queda suspendida temporalmente, hasta que se celebre una audiencia completa que determinará su legalidad constitucional. La magistrada señaló que hay indicios razonables de que la medida representa una injerencia política en la autonomía universitaria y discrimina injustamente a una comunidad académica internacional sin base jurídica suficiente.
Este nuevo capítulo se suma a la ya larga lista de enfrentamientos entre el sector académico estadounidense y la administración Trump, especialmente en lo relativo a políticas migratorias y de seguridad nacional. Harvard, junto a otras universidades como MIT o Stanford, ha sido un firme opositor de medidas anteriores que han tratado de limitar el ingreso y permanencia de estudiantes internacionales.
La decisión de la jueza Burroughs representa, por ahora, una victoria para la comunidad universitaria y los defensores de los derechos migratorios, aunque el equipo legal del gobierno ya ha anunciado que apelará la medida.
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