En una medida que vuelve a tensar el panorama migratorio entre Estados Unidos y América Latina, el presidente Donald Trump firmó este miércoles una proclama presidencial que limita parcialmente la entrada de ciudadanos de siete países, entre ellos Cuba, bajo el argumento de supuestos riesgos para la seguridad nacional.
“He decidido restringir y limitar parcialmente la entrada de nacionales de los siguientes países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela”, recoge el texto oficial de la orden, que también prohíbe completamente la entrada a ciudadanos de otras 12 naciones, incluidos Afganistán, Irán, Somalia y Yemen.
¿Qué implica para Cuba?
La proclamación establece que ciudadanos cubanos no podrán ingresar a EE.UU. como inmigrantes ni no inmigrantes bajo ciertas categorías de visa, específicamente B-1 (negocios), B-2 (turismo), F (estudiantes), M (vocacionales) y J (intercambios). El documento alega que Cuba:
- Es considerada un «Estado patrocinador del terrorismo».
- Tiene una alta tasa de sobreestadía de visados, con un 7.69% en las visas B-1/B-2 y 18.75% en visas académicas o de intercambio.
- No coopera plenamente con EE.UU. en materia de cumplimiento de la ley ni acepta el retorno de ciudadanos deportables.
Además, se instruye a los funcionarios consulares a reducir la validez de otras visas de no inmigrante otorgadas a ciudadanos cubanos en la medida permitida por la ley.
Excepciones limitadas
La medida contempla ciertas excepciones para:
- Residentes permanentes legales en EE.UU.
- Personas con visas vigentes
- Solicitantes bajo categorías específicas
- Casos que representen un interés nacional para los Estados Unidos
Sin embargo, miles de cubanos que actualmente se encuentran en procesos de solicitud de visados, asilo o reunificación familiar podrían enfrentar retrasos, denegaciones automáticas o incluso la cancelación de citas migratorias, afectando a familias separadas desde hace años.
Un nuevo golpe a la esperanza migratoria
Según fuentes de la administración, la firma de la proclamación fue acelerada por el reciente ataque antisemita en Boulder, Colorado, aunque los análisis de restricciones migratorias ya venían gestándose desde marzo. El contexto electoral y el endurecimiento de las políticas migratorias son evidentes, con Trump reafirmando su compromiso de “proteger a los estadounidenses” y “reforzar los controles fronterizos”.
La decisión también revive memorias del primer mandato del exmandatario, cuando impuso vetos migratorios a países de mayoría musulmana, generando una ola de demandas judiciales y protestas civiles. Aquellas medidas fueron finalmente revocadas en 2021 por la administración Biden, pero hoy resurgen bajo una nueva justificación de seguridad.
Impacto en miles de familias cubanas
Para Cuba y su diáspora, esta proclamación supone un nuevo obstáculo en un momento crítico. Miles de ciudadanos que buscaban emigrar legalmente, estudiar, visitar a familiares o iniciar trámites de reunificación, podrían quedar en un limbo migratorio. Aunque el texto no suspende por completo todas las visas, las restricciones en las categorías más utilizadas por cubanos limitan severamente las posibilidades de ingreso.
Los efectos de esta medida también se sienten en las organizaciones migratorias, que advierten que Estados Unidos está enviando señales contradictorias: por un lado, dice defender los derechos humanos y rechazar la represión; por otro, cierra sus puertas a quienes huyen precisamente de esos contextos de represión.
¿Realmente le importa a EE.UU. lo que ocurre en Cuba?
Esta proclamación deja entrever una cruda realidad: la situación de los cubanos dentro y fuera de la isla parece no estar entre las prioridades reales de la Casa Blanca. Mientras se multiplican los discursos sobre libertad, democracia y derechos humanos, las decisiones concretas de política migratoria demuestran que la empatía política tiene límites cuando se enfrenta a las estrategias electorales y los intereses de seguridad interna.
La administración Trump no ha ofrecido hasta ahora alternativas claras o vías especiales para los ciudadanos cubanos perseguidos o en situación de riesgo, lo que plantea una grave contradicción entre el discurso oficial y la política aplicada.
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