El alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado este viernes en las inmediaciones del centro de detención Delaney Hall, mientras participaba en una protesta contra la reapertura de la instalación. El incidente, que ha generado reacciones inmediatas de legisladores y líderes estatales, se produjo cuando el alcalde intentó unirse a una visita de supervisión junto a representantes del Congreso.
Según confirmaron fuentes oficiales, Baraka fue detenido por agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras negarse a abandonar el área controlada de la prisión, administrada por la empresa privada GEO Group. El alcalde fue liberado horas más tarde, alrededor de las 8 de la noche, tras ser retenido por supuesta invasión de propiedad y desacato a las órdenes de seguridad.
La portavoz interina del DHS, Tricia McLaughlin, alegó que ni Baraka ni los congresistas que lo acompañaban —Robert Menéndez Jr., LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman— habían solicitado formalmente el ingreso, y describió la acción como un “allanamiento ilegal que comprometió la seguridad del centro y de los detenidos”. Sin embargo, la versión oficial ha sido desmentida por los legisladores, quienes afirman que actuaban dentro de su función legal de supervisión, tal como han hecho en instalaciones similares como el Centro de Detención de Elizabeth, sin incidentes previos.
Testigos del hecho, entre ellos activistas proinmigrantes, describieron un ambiente tenso. Según Viri Martínez, de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, se produjeron empujones, forcejeos e incluso la detención de otros manifestantes. Un video divulgado por The Associated Press muestra el momento en que Baraka es advertido por un oficial con chaqueta del DHS: “No puedes entrar, no eres congresista”. Minutos después, pese a encontrarse en el lado público de la reja, el alcalde fue rodeado por agentes, esposado y arrastrado de nuevo hacia el interior.
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, expresó su indignación en redes sociales, calificando el arresto de “injusto” y exigiendo la liberación inmediata del alcalde. “Ras Baraka es un servidor público ejemplar que ha estado siempre del lado de los más vulnerables. Lo ocurrido es inaceptable”, escribió en su cuenta oficial de X.
Enfrentamiento con la política migratoria federal
Baraka, quien se encuentra actualmente en campaña para suceder al gobernador Murphy, ha sido un crítico persistente del sistema federal de detención migratoria, y en especial del uso de instalaciones privadas para estos fines. En los últimos días había visitado Delaney Hall como parte de sus esfuerzos para impedir su funcionamiento, alegando que la instalación no cuenta con permisos municipales válidos para operar.
Delaney Hall, con una capacidad estimada de 1,000 camas, fue reabierta recientemente bajo un contrato de 15 años otorgado a GEO Group por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con un valor que asciende a 1,000 millones de dólares. El acuerdo forma parte del plan nacional impulsado por el presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención migratoria, cuyo presupuesto anual proyectado para este año ronda los 41,000 millones de dólares.
La administración de Baraka presentó una demanda contra GEO Group poco después de conocerse el contrato, alegando irregularidades en los procesos de licenciamiento y violaciones a las normativas urbanísticas de Newark. El alcalde también ha insistido en que la apertura de nuevas prisiones migratorias va en contra del modelo de ciudad santuario que ha promovido durante su gestión.
Una detención con repercusiones políticas
La escena del arresto se ha viralizado en redes sociales, donde se ha interpretado como una demostración de la creciente fricción entre los gobiernos locales y la política federal migratoria. El hecho de que Baraka sea también un aspirante a gobernador ha agregado una dimensión política al incidente, alimentando el debate en torno a la legalidad, la ética y la operatividad de las prisiones migratorias administradas por contratistas privados.
La oficina del alcalde no ha ofrecido declaraciones inmediatas, aunque un portavoz de su campaña, Kabir Moss, aseguró que “estamos monitoreando activamente la situación” y que se emitirán nuevos detalles tan pronto como sea posible.
Mientras tanto, legisladores como Bonnie Watson Coleman han reiterado que su presencia en Delaney Hall formaba parte de una función legítima de supervisión legislativa. “Reabrir Delaney Hall no nos hace más seguros. Solo profundiza un sistema migratorio desigual y punitivo”, expresó la congresista en X.
Se espera que en los próximos días aumente la presión pública para esclarecer los detalles del arresto y se reanude el debate sobre la legalidad de los contratos otorgados a entidades como GEO Group, así como sobre el papel de las autoridades locales frente a las decisiones federales en materia de inmigración.
