Una nueva ofensiva mediática ha comenzado a tomar fuerza en el condado de Miami-Dade, donde un grupo sin fines de lucro ha desplegado una serie de vallas publicitarias y anuncios digitales que cuestionan el respaldo de prominentes legisladores republicanos a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. La iniciativa, liderada por la organización Keep Them Honest, apunta directamente al secretario de Estado Marco Rubio y a los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, figuras políticas con amplio respaldo en distritos de mayoría inmigrante.
Las vallas, situadas en puntos estratégicos como las autopistas Palmetto, Don Shula y el Turnpike de Florida, presentan mensajes tajantes: “Deportar a buenos inmigrantes a dictaduras es cruel”. Esta frase resume el espíritu de la campaña, que busca presionar públicamente a los líderes cubanoamericanos para que se distancien de las medidas más radicales del presidente, especialmente aquellas que afectan a comunidades como la venezolana, haitiana y cubana.
Chris Wills, portavoz de la organización, explicó que los anuncios buscan provocar una reacción entre los votantes y generar presión sobre los legisladores. “Conocemos su historial de apoyo a quienes escapan de regímenes autoritarios. Ahora tienen la oportunidad de demostrar coherencia y levantar la voz en un momento crítico”, declaró. Además de las vallas, la campaña incluye anuncios en medios digitales y en plataformas radiales locales, extendiendo así su alcance a distintos sectores del electorado.
La estrategia de Keep Them Honest se produce en un momento de incertidumbre para miles de inmigrantes. La administración Trump ha promovido el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos, así como la cancelación del programa de libertad condicional humanitaria establecido durante el mandato de Joe Biden, que beneficiaba a más de medio millón de personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Aunque varias de estas medidas han sido frenadas en tribunales, su sola intención ha generado alarma entre comunidades migrantes en Florida.
A pesar de su respaldo previo a los programas de protección, tanto Rubio como los tres representantes han reiterado su apoyo a las políticas migratorias más estrictas promovidas por Trump. En una reciente entrevista televisiva, el secretario de Estado defendió la necesidad de aplicar las leyes migratorias con rigor: “La ley es clara. Si estás aquí ilegalmente, debes ser deportado. Hemos normalizado la ilegalidad y eso debe terminar”.
En respuesta a las críticas, la congresista Salazar destacó su papel en la promoción de proyectos legislativos como la Ley de Dignidad, que propone una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados, aunque reconoció que su aprobación es improbable bajo la actual composición del Congreso. “No hemos estado en silencio. Hemos actuado en defensa de nuestras comunidades”, afirmó en declaraciones escritas.
El trasfondo de esta campaña también incluye el descontento por los recortes a fondos federales destinados a apoyar medios independientes y organizaciones prodemocracia en América Latina. La reducción del presupuesto para Radio y TV Martí, así como para programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, especialmente dentro de la comunidad cubana exiliada.
Los organizadores de la campaña se han negado a revelar la identidad de sus donantes o el monto invertido, pero destacan que el objetivo central es movilizar a una comunidad que —afirman— se siente traicionada. “Estos legisladores conocen el dolor del exilio. Sus raíces están aquí. Por eso resulta tan decepcionante su aparente complicidad con medidas que afectan directamente a quienes, como sus propias familias, huyeron en busca de libertad”, sostuvo Wills.
La tensión entre las expectativas de los votantes inmigrantes y las decisiones de sus representantes continúa creciendo. Con las elecciones acercándose, los próximos movimientos de estos líderes podrían redefinir no solo su relación con sus electores, sino también el rumbo del debate migratorio en uno de los condados más diversos de Estados Unidos.
