La comunidad de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, amaneció sumida en el dolor tras conocerse el brutal asesinato de Daimi Tamayo Milán, víctima de un presunto feminicidio ocurrido en la mañana de ayer. De acuerdo con informaciones recogidas entre familiares y vecinos, la mujer, madre de una niña de diez años, había denunciado previamente amenazas de muerte por parte de su expareja, identificado como Yordan.
Los hechos se desencadenaron cuando el agresor, armado con un machete, irrumpió en la vivienda de Daimi Tamayo, propinándole múltiples heridas que le ocasionaron la muerte en el acto. Tras consumar el crimen, Yordan se dio a la fuga y actualmente permanece prófugo, mientras las autoridades intensifican su búsqueda para lograr su captura y ponerlo a disposición de la justicia.
La situación ha generado una honda preocupación entre los residentes del municipio, quienes se encuentran consternados por la gravedad del suceso. La menor, hija de la víctima y del presunto homicida, ha sido trasladada a un lugar seguro ante las amenazas que, según declaraciones de allegados, también habrían sido dirigidas contra ella.
El sepelio de Daimi Tamayo se realizará en la mañana de hoy, en medio de muestras de profundo dolor por parte de familiares, amigos y vecinos. El caso ha encendido nuevamente el debate en la sociedad cubana sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia de género, un fenómeno que, aunque no siempre visibilizado en su justa dimensión, cobra víctimas de manera dolorosa.
La conmoción social provocada por este crimen resalta la urgencia de reforzar las estrategias de apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad y de implementar medidas más efectivas para garantizar su seguridad. Mientras tanto, las fuerzas del orden mantienen operativos activos en la región con el objetivo de dar con el paradero del sospechoso y asegurar que enfrente las consecuencias legales de sus actos.
El feminicidio de Bartolomé Masó marca un trágico recordatorio del trabajo pendiente en materia de protección de los derechos humanos y de la vida de las mujeres en el país, en un contexto donde la sensibilización social y la respuesta institucional deben consolidarse como ejes fundamentales de la política pública.
