Washington, D.C. — Diversas organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos están preparando demandas federales contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), tras una serie de denuncias por detenciones arbitrarias, interrogatorios excesivos y presunto perfilamiento racial contra ciudadanos estadounidenses en aeropuertos del país, particularmente en terminales con alto volumen de viajeros latinoamericanos.
Las demandas, aún en proceso de redacción, se basan en casos documentados que muestran un patrón de tratos diferenciados hacia personas por su origen étnico, color de piel o idioma, aun cuando se trate de ciudadanos estadounidenses con plena documentación en regla. Los activistas y juristas involucrados afirman que estas prácticas constituyen violaciones a los derechos constitucionales y están diseñadas para ser desafiadas legalmente en los tribunales federales.
Casos emblemáticos: ciudadanos estadounidenses tratados como sospechosos
Uno de los incidentes más notables que será incluido como evidencia es el de Pedro López, un ciudadano cubanoamericano, residente legal desde hace más de 30 años, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami al regresar de un viaje familiar a Cancún con su esposa e hija. Durante el control migratorio, López fue separado de su familia y sometido a un exhaustivo interrogatorio por parte de agentes del DHS y del personal de seguridad del aeropuerto.
“Me preguntaron si había viajado a Siria, si tenía vínculos con algún grupo político o si alguien me había pagado por llevar a mi hija. Todo eso, simplemente por tener tatuajes y un pasaporte estadounidense con apellido latino”, declaró López tras su liberación. El hombre, que nunca ha tenido antecedentes penales ni alertas migratorias, asegura que fue víctima de discriminación por su apariencia física.
A este caso se suma el de Anthony Williams, un expolicía afroamericano que fue retenido junto a su esposa blanca en el mismo aeropuerto, tras una alerta infundada de un pasajero que sospechó que la mujer estaba siendo víctima de trata de personas. Ambos fueron separados y cuestionados antes de que se comprobara que simplemente se trataba de una pareja casada de vacaciones.
Un patrón bajo la lupa
Según representantes de las organizaciones demandantes, estos casos reflejan un patrón institucional de perfilamiento racial, en el que se combina el exceso de poder discrecional de los agentes con la falta de protocolos estandarizados y mecanismos de control externo. “Estamos documentando situaciones donde ciudadanos con todos sus derechos garantizados son tratados como amenazas por su origen o apariencia, y eso no puede ser tolerado en un estado democrático de derecho”, señaló uno de los abogados involucrados en la preparación de la querella.
Las demandas en curso buscarán establecer responsabilidades tanto del DHS como de la TSA, organismos encargados de los controles migratorios y de seguridad en los aeropuertos, y exigirán cambios estructurales en los procedimientos de inspección y atención al pasajero. Los activistas también señalan la necesidad de revisar la formación del personal implicado, así como de limitar el margen de discrecionalidad en la aplicación de medidas de detención, interrogatorio y retención.
Potenciales repercusiones
Aunque todavía no se ha fijado fecha para la presentación formal de las demandas, el anuncio ya ha generado atención mediática y política, especialmente en estados con grandes comunidades migrantes. El caso podría derivar en audiencias legislativas y en un nuevo escrutinio del actuar de las agencias federales bajo la administración de Donald Trump, quien se encuentra en su segundo mandato con una agenda migratoria aún más endurecida que en su primer periodo.
Las organizaciones demandantes insisten en que no buscan únicamente compensaciones económicas para las víctimas, sino una transformación profunda en la manera en que el Estado trata a sus propios ciudadanos en puntos de entrada al país. En sus palabras, se trata de defender un principio fundamental: “Ser estadounidense no debe depender de cómo te ves, hablas o de dónde vienes tu apellido.”
