El gobierno de Donald Trump está avanzando en la reactivación de los centros de detención familiar para migrantes, lo que podría incrementar los arrestos de menores de edad, según fuentes familiarizadas con el proceso.
De acuerdo con la información, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está por emitir una «Solicitud de propuestas» para que empresas penitenciarias privadas presenten ofertas con el objetivo de administrar estos centros.
En administraciones anteriores, tanto durante el mandato de Barack Obama como en el primero de Trump, se detuvo a familias migrantes con niños. Sin embargo, el expresidente Joe Biden puso fin a esta práctica en 2021. Bajo el acuerdo judicial de 1997 conocido como el caso Flores, ICE no puede retener a menores en sus centros de detención convencionales y debe liberar a las familias en un plazo máximo de 21 días.
Durante la administración de Biden, las familias migrantes que entraban al sistema migratorio de Estados Unidos podían permanecer en el país si uno de los padres estaba bajo monitoreo de geolocalización. Sin embargo, con la nueva política de Trump, esta práctica podría cambiar con la reactivación de los centros de detención familiar.
Actualmente, las dos instalaciones listas para recibir a familias migrantes se encuentran en Texas. El centro de Karnes, antes administrado por GEO Group, tiene capacidad para más de 3,000 personas y en la actualidad aloja adultos detenidos, por lo que necesitaría adecuaciones para albergar familias nuevamente. La instalación de Dilley, que puede recibir hasta 830 personas y era administrada por Core Civic, se encuentra cerrada, pero aún en condiciones operativas.
Aún no se ha confirmado si ICE planea abrir nuevas instalaciones o simplemente reactivar las ya existentes, pero cualquier decisión implicaría costos adicionales, en un momento en que la agencia enfrenta un déficit presupuestario. Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE han emitido comentarios sobre el tema.
Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno de Biden han señalado que hay decenas de miles de migrantes en Estados Unidos con órdenes finales de deportación, lo que podría facilitar la aceleración de expulsiones. Además, han advertido que muchas de estas familias tienen un estatus migratorio mixto, es decir, algunos miembros están legalmente en el país, mientras que otros son sujetos a deportación. En estos casos, podrían producirse separaciones familiares si algunos integrantes son expulsados del país.
Tom Homan, quien ha sido designado nuevamente como asesor en materia migratoria en el gobierno de Trump, declaró en octubre pasado que no habría excepciones para familias con estatus mixto y que las personas con residencia legal podrían optar por salir del país voluntariamente para mantenerse unidas con sus familiares deportados.
