Washington, D.C. — La nueva administración del presidente Donald Trump ha instruido al Departamento de Justicia (DOJ) para que investigue a funcionarios estatales y locales que dificulten la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Según un memorando interno obtenido por medios estadounidenses, la directriz busca reforzar el control sobre las llamadas «ciudades santuario», que han sido objeto de controversia por su resistencia a colaborar con las autoridades federales en materia de inmigración.
El documento, firmado por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, establece que estas acciones forman parte de una respuesta inmediata a las órdenes ejecutivas del presidente, dirigidas a abordar lo que la administración considera tres amenazas prioritarias para la seguridad nacional: el crimen organizado transnacional, el incremento de la violencia por parte de grupos delictivos y la crisis de los opioides, particularmente el tráfico de fentanilo.
Un nuevo enfoque en la política migratoria
El memorando subraya que el DOJ debe garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y que las entidades estatales y locales están obligadas a cooperar con el gobierno federal en estos esfuerzos. Según el documento, el gobierno federal tiene la facultad de actuar contra aquellos funcionarios que, mediante leyes o políticas locales, obstaculicen la implementación de órdenes ejecutivas y la detención de personas con estatus migratorio irregular.
La orden también enfatiza que la Sección de Litigios Civiles del DOJ trabajará en estrecha colaboración con el recién creado Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Ley en Ciudades Santuario. Su objetivo será identificar normativas locales que entren en conflicto con las disposiciones federales y, cuando corresponda, emprender acciones legales para impugnarlas.
Tensiones con las autoridades locales
La iniciativa podría intensificar las disputas entre la Casa Blanca y gobiernos estatales y municipales que han adoptado políticas de protección para inmigrantes indocumentados. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago han reiterado su compromiso con estas medidas, argumentando que su colaboración con las agencias federales de inmigración socavaría la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.
En respuesta a la directiva, varias organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por las posibles implicaciones legales y éticas de esta nueva estrategia. «Este enfoque criminaliza la autonomía de los gobiernos locales y podría desatar una ola de persecución contra funcionarios que buscan proteger a sus comunidades», señaló un portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Un panorama incierto
El memorando llega en un momento en el que la administración Trump busca reforzar su postura en materia de inmigración tras asumir el cargo. Sin embargo, el impacto real de estas medidas dependerá de cómo se implementen y de la resistencia que puedan enfrentar en los tribunales.
Con la nominación de Pam Bondi como nueva fiscal general aún pendiente de confirmación en el Senado, se espera que el DOJ continúe ajustando su estrategia en los próximos meses. Mientras tanto, el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos sigue siendo uno de los temas más polarizantes en el país, con implicaciones que van más allá de la esfera legal y podrían influir en las dinámicas políticas de cara a las próximas elecciones.
