Miles de inmigrantes cubanos podrían enfrentar nuevos obstáculos para obtener la residencia permanente en Estados Unidos tras una reciente política anunciada por la administración de Donald Trump, que limitaría la posibilidad de solicitar la llamada “green card” sin salir del país.
La medida, divulgada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece que los extranjeros que permanezcan temporalmente en territorio estadounidense deberán regresar a su país de origen para completar el proceso de residencia permanente, salvo algunas excepciones que todavía no han sido definidas con claridad.
El anuncio ha provocado preocupación entre miles de migrantes cubanos que actualmente viven y trabajan legalmente en Estados Unidos mientras esperan ajustar su estatus migratorio, una práctica que durante décadas fue utilizada por beneficiarios de visas de estudio, empleo, matrimonio, refugio y otros programas migratorios.
Según abogados especializados en inmigración, la falta de detalles concretos sobre la aplicación de la nueva política está generando incertidumbre incluso entre profesionales del sector legal.
La abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd declaró que numerosos clientes la han contactado preocupados desde que se conoció el cambio. Aunque pidió cautela y recomendó esperar aclaraciones oficiales, reconoció que la situación ha creado nerviosismo entre quienes tienen procesos migratorios en curso.
USCIS indicó en su portal oficial que “un extranjero que esté en Estados Unidos temporalmente y quiera una Green Card debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”. Sin embargo, la agencia no explicó inicialmente cuáles serían esas excepciones ni cómo se aplicarán los nuevos criterios.
Posteriormente, funcionarios señalaron que algunos casos podrían mantenerse bajo excepciones relacionadas con “interés nacional” o “beneficio económico”, aunque la ausencia de lineamientos claros continúa generando dudas.
El abogado migratorio Charles Kuck criticó la medida y afirmó que podría tratarse de un intento de desalentar procesos de inmigración legal mediante presión e incertidumbre administrativa. También advirtió que no se descartan futuras demandas judiciales contra la nueva interpretación migratoria.
La situación preocupa particularmente a la comunidad cubana debido a que muchos inmigrantes han utilizado históricamente mecanismos de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos mientras esperan acogerse a beneficios migratorios disponibles bajo distintas categorías legales.
Especialistas consideran que algunas visas de trabajo, como las H-1B, podrían conservar ciertas flexibilidades ya existentes. No obstante, otros grupos vulnerables, incluidos refugiados, beneficiarios de programas humanitarios y trabajadores religiosos, observan con atención el posible impacto de las nuevas reglas.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración también reportó cambios recientes en entrevistas migratorias. Según la organización, algunos solicitantes casados con ciudadanos estadounidenses fueron cuestionados sobre por qué no realizaron sus trámites desde sus países de origen, mientras otros recibieron solicitudes adicionales de documentación financiera para demostrar que no representarían una carga económica para el gobierno estadounidense.
Aunque todavía no existe una implementación definitiva completamente detallada, la medida añade incertidumbre a un escenario migratorio ya complejo para miles de cubanos que permanecen a la espera de una residencia permanente en Estados Unidos, en medio de crecientes restricciones y revisiones más estrictas por parte de las autoridades federales.
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