El Tribunal Supremo Popular informó este lunes la notificación oficial de las sentencias correspondientes a los dos procesos penales instruidos contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exministro de Economía. Ambos juicios se celebraron en noviembre y abordan un amplio conjunto de delitos que las autoridades califican como altamente lesivos para el orden institucional.
En el primer proceso, el Tribunal declaró a Gil Fernández responsable de espionaje, cohecho, sustracción y daño de documentos oficiales, violación de sellos, y transgresiones continuadas en el manejo de información clasificada. La sanción fijada fue de privación perpetua de libertad, considerada por el órgano judicial proporcional a la gravedad de los hechos.
El segundo expediente incluyó acusaciones por cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. En este caso, la pena establecida ascendió a 20 años de privación de libertad, además de sanciones accesorias como confiscación de bienes, prohibiciones de ejercer funciones administrativas y privación de derechos públicos.
El Tribunal señaló que las sanciones fueron determinadas tras evaluar los artículos correspondientes de la Constitucióny del Código Penal, haciendo énfasis en la “lesividad social” atribuida al acusado. Según la sentencia, Gil Fernández habría utilizado su posición para obtener beneficios económicos indebidos, recibir pagos de firmas extranjeras y facilitar procedimientos irregulares mediante sobornos, al tiempo que manipulaba información clasificada con fines ajenos a su función.
La comunicación oficial afirma que estas conductas ocasionaron daños a la economía nacional y vulneraron compromisos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. También se argumenta que parte de los hechos se inscriben en lo que el Artículo 4 de la Constitución define como los crímenes más graves contra la nación.
Sin embargo, familiares del acusado sostienen que el proceso se llevó a cabo sin las debidas garantías, denunciando opacidad, restricciones de acceso y un esquema procesal que, a su juicio, no permitió la adecuada defensa del exministro. Aunque las autoridades insisten en que se respetaron todas las formalidades, los allegados aseguran que el juicio se desarrolló bajo estrictas limitaciones y cuestionan la imparcialidad del procedimiento.
La nota del Tribunal recuerda que tanto la defensa como la Fiscalía cuentan con un plazo de diez días para presentar los recursos establecidos por la ley. En el caso de la privación perpetua, la normativa obliga a que se tramite un recurso de apelación de oficio incluso si no se presenta impugnación.
Concluidos los recursos y de ratificarse la responsabilidad penal, se conformará una sanción conjunta única, acorde con el artículo 86 del Código Penal. Según la comunicación oficial, el acusado y sus abogados reconocieron el cumplimiento formal de los procedimientos, aunque las declaraciones de sus familiares proyectan una visión distinta del desarrollo y la transparencia del caso.
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