Redacción de CubaHerald | 20 de octubre de 2025
El Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, en La Habana, dictó sentencia contra Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González, hallados culpables de corrupción de menores, abusos lascivos y negligencia extrema hacia cuatro niñas, de entre uno y diez años de edad. Las penas impuestas fueron de ocho y diez años de prisión, respectivamente, según confirmaron fuentes judiciales.
El caso, ocurrido en uno de los barrios más poblados del municipio, revela una situación de abandono y violencia sostenida. Rodríguez, madre biológica de las menores, tres de ellas con discapacidades cognitivas, incumplió sus deberes de cuidado, educación y alimentación, aun contando con ayudas y recursos destinados a su atención. De acuerdo con el proceso judicial, las niñas fueron dejadas solas por largas horas, incluso durante la noche, y en ocasiones fueron obligadas a pedir dinero en la calle para costear bebidas alcohólicas consumidas por la pareja.
El tribunal determinó además que Carlos Díaz González aprovechó la vulnerabilidad del entorno familiar para realizar tocamientos indebidos a una de las niñas, de siete años, con la anuencia de la madre. Por ello, Díaz fue condenado a diez años de privación de libertad, mientras Rodríguez cumplirá ocho años de prisión. La sentencia incluye la suspensión definitiva de la patria potestad, la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del paíspara ambos.
Este nuevo caso de abuso infantil ha generado preocupación entre los especialistas, quienes señalan la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y detección temprana en los hogares vulnerables. En los últimos meses, diversas provincias han registrado denuncias por situaciones similares, evidenciando un incremento sostenido de la violencia contra menores y la urgencia de fortalecer el acompañamiento institucional a las familias en riesgo.
El hecho de Arroyo Naranjo no solo refleja una tragedia familiar, sino un desafío social de fondo: garantizar que ningún niño en Cuba quede expuesto a la negligencia, la explotación o la violencia. Más allá de la justicia penal, este caso interpela a toda la sociedad sobre la responsabilidad colectiva de proteger la infancia, base y futuro del país.
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