Durante el trayecto del tren Bayamo–Manzanillo–La Habana, que partió el 17 de septiembre a las 2:00 p.m., se registraron este jueves varios casos de malestar entre los pasajeros, incluyendo vómitos y diarreas.

De acuerdo con testimonios, los primeros síntomas comenzaron a observarse cerca de las 11:00 a.m. del 18, y fueron aumentando a medida que avanzaba el viaje. La situación obligó a que el tren se detuviera en el poblado de Jicotea, provincia de Villa Clara, donde acudieron equipos médicos y una ambulancia para trasladar a los afectados al hospital más cercano.

Algunos pasajeros señalaron como posible origen del problema la merienda vendida a bordo, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades competentes.

Hasta las 3:00 p.m. de la jornada, el tren permanecía detenido mientras continuaba la asistencia sanitaria.

Hasta el momento, ni la Empresa Ferrocarriles de Cuba ni el Ministerio de Transporte han emitido una declaración oficial sobre lo ocurrido.

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El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una de sus etapas más críticas, con apagones prolongados, plantas envejecidas y una grave falta de financiamiento para sostener las operaciones.

Durante esta semana, los cortes de electricidad se intensificaron debido a la salida de Felton 1, la avería en los motores de Mariel, el disparo de la unidad 5 de Nuevitas y el retraso en la reincorporación de Renté 5 tras labores de mantenimiento. La situación obligó incluso a desconectar de golpe gran parte de La Habana el pasado lunes para evitar un apagón total a nivel nacional.

El ministro también se refirió a las llamadas patanas flotantes, de las cuales solo dos de ocho permanecen operativas, con un aporte conjunto de apenas 70 MW, luego de que las demás fueran retiradas por la incapacidad de pagar los contratos correspondientes.

La crisis se agrava por la combinación de tecnologías obsoletas, mantenimientos atrasados y la falta de recursos para acometer reparaciones capitales, lo que mantiene al SEN en una situación extremadamente frágil y expone a la población a apagones diarios cada vez más prolongados.

Como alivio temporal, se espera que Felton 1 se reincorpore este fin de semana con 220 MW, junto con el ajuste de Renté 5. El ministro añadió que actualmente el sistema cuenta con 650 MW de energía solar, con la proyección oficial de alcanzar los 1,000 MW en diciembre.

Asimismo, para octubre deberían reincorporarse los bloques 4 de la CTE Céspedes y 2 de Santa Cruz del Norte, aunque estas fechas ya habían sido anunciadas para el verano sin cumplirse. De cara a diciembre, el gobierno proyecta la intervención integral de la CTE Antonio Guiteras, aprovechando el descenso de la demanda.

Sobre los suministros de lubricantes, identificados como uno de los principales obstáculos recientes, el ministro aseguró que habrá mejoras en los próximos días. Sin embargo, reconoció que el panorama sigue siendo muy limitado en términos de financiamiento y disponibilidad técnica.

La conclusión es clara: el SEN se mantiene debilitado, con poca generación, sin liquidez para sostener contratos y con una población que continúa pagando las consecuencias de un servicio cada vez más inestable.

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Este martes comenzó en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo, provincia Granma, el juicio oral contra 16 ciudadanos acusados de participar en los disturbios ocurridos el 17 de marzo de 2024 en la zona norte de esa ciudad.

Según la información oficial, la Fiscalía imputó a los procesados por delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir. De ellos, 13 permanecen en prisión provisional, mientras que los tres restantes enfrentan medidas cautelares menos severas, como la obligación de firmar un acta y la prohibición de salida del país.

El proceso se desarrolla de forma parcial, pues solo 15 de los 16 acusados están siendo juzgados en esta primera etapa. Las autoridades judiciales insisten en que se cumplen los trámites previstos en la legislación nacional, garantizando formalmente el derecho a la defensa.

Sin embargo, la situación ha despertado atención dentro y fuera de Cuba. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado en ocasiones anteriores la aplicación de delitos como desacato o desórdenes públicos, señalando que podrían ser utilizados para sancionar manifestaciones de descontento social. En un contexto de crisis económica y escasez generalizada, estos juicios adquieren un peso político y social mayor, al reflejar el malestar ciudadano y la respuesta del Estado frente a la protesta.

La causa de Bayamo se suma a otros procesos judiciales similares ocurridos en distintas provincias, lo que evidencia que el descontento social continúa siendo un tema sensible y de alta vigilancia en el país.

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