La crisis de los pensionados en Cuba, uno de los sectores más castigados por el empobrecimiento general del país, ha recibido una respuesta que, lejos de representar un alivio real, pone en evidencia la gravedad estructural del problema. Este miércoles, el primer ministro Manuel Marrero Cruz informó ante el Parlamento que se implementará un aumento parcial de pensiones a partir de septiembre, destinado exclusivamente a los jubilados que reciben menos de 4.000 pesos cubanos mensuales.
Según Marrero, la medida beneficiará al 79% de los pensionados, unos 1,3 millones de ciudadanos, muchos de los cuales sobreviven con ingresos que apenas superan el equivalente a dos dólares al mes en el mercado informal. De ese total, más de 430 mil personas que cobran la pensión mínima (2.072 CUP) verán duplicado su ingreso a 4.000 CUP mensuales. Una cifra que, si bien puede sonar significativa en el papel, sigue estando muy por debajo del costo real de vida en el país.
Actualmente, el precio de una libra de arroz supera los 120 pesos, un cartón de huevos ronda los 2.000 y el acceso a medicamentos o productos básicos es prácticamente un lujo para quienes dependen exclusivamente de una pensión. En ese contexto, este incremento no garantiza ni siquiera la alimentación básica mensual de un adulto mayor, mucho menos sus necesidades médicas o de vivienda.
Las autoridades han reconocido que no existe capacidad para una reforma integral del sistema de pensiones, debido a la falta de recursos financieros. Sin embargo, esto es también el reflejo de una economía que ha colapsado por años de centralización, improductividad, inflación descontrolada y mala gestión. La solución presentada es apenas un parche que no toca el fondo del problema.
Marrero señaló que ha sido “difícil” encontrar la forma de financiar esta decisión y que el aumento implicará un gasto adicional de 22.000 millones de pesos anuales en seguridad social. Lo que no dijo es de dónde saldrán esos fondos ni qué impacto tendrán en la inflación o en otras áreas críticas del presupuesto estatal. Tampoco se explicó cómo se protegerá a los jubilados que quedaron fuera de esta modificación, aquellos que reciben pensiones ligeramente superiores a 4.000 pesos pero que igualmente enfrentan condiciones de miseria.
La falta de equidad y profundidad en esta medida ha sido objeto de cuestionamientos en redes sociales, donde numerosos cubanos señalan que no se trata de una solución estructural, sino de un gesto simbólico en medio de una situación desesperada. “Es como darle una curita a quien se está desangrando”, comentó una ciudadana en Facebook. Otros apuntan que la medida podría estar motivada por presiones sociales crecientes, más que por una genuina preocupación institucional por el bienestar de los adultos mayores.
En definitiva, el país sigue acumulando deudas con su generación más vulnerable, y las respuestas oficiales, aunque revestidas de solemnidad y promesas, llegan tarde, mal y con sabor a resignación. Mientras la mayoría de los jubilados apenas logra subsistir entre apagones, desabastecimiento y medicamentos ausentes, el Estado les ofrece como consuelo una cifra que no alcanza para una semana de subsistencia digna.
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