La ciudad de Barcelona ha dado un nuevo paso en su estrategia para combatir el turismo masivo y sus efectos colaterales. El Ayuntamiento anunció este viernes un acuerdo con la Autoridad Portuaria que contempla el cierre de dos de las siete terminales de cruceros actualmente operativas en la ciudad. La medida entrará en vigor en 2026 y busca reducir el número de turistas que arriban por vía marítima a una de las ciudades más visitadas de Europa.
Con esta decisión, el puerto quedará limitado a cinco terminales de cruceros y se ejecutará junto a una inversión público-privada de 185 millones de euros, destinados no solo a la reorganización logística del puerto, sino también a modernizar su infraestructura con criterios de sostenibilidad. Entre otras medidas, se prevé instalar sistemas para que los buques puedan conectarse a fuentes de energía eléctrica en tierra y así evitar mantener los motores en marcha durante su estadía, reduciendo notablemente las emisiones contaminantes.
Un plan en respuesta a la presión vecinal
Esta acción se enmarca en un contexto de creciente descontento ciudadano frente al turismo de masas. En julio de 2024, residentes protagonizaron protestas llamativas en la capital catalana, incluyendo el uso de pistolas de agua contra visitantes en zonas turísticas, como una forma simbólica de rechazar la saturación urbana. La ciudad recibió cerca de 100 millones de turistas en 2024, y solo el Puerto de Barcelona, el mayor puerto de cruceros de Europa, registró 1,6 millones de pasajeros en tránsito.
Vecinos y organizaciones sociales han denunciado los efectos adversos del turismo intensivo: el encarecimiento del alquiler de viviendas, la gentrificación de barrios enteros, la congestión del transporte y la pérdida de calidad de vida. Parte de las quejas se relacionan con los cruceros, cuyos pasajeros, aunque no pernoctan, recorren la ciudad durante el día, elevando la densidad peatonal sin contribuir sustancialmente a la economía local.
Evaluación de la movilidad y medidas a largo plazo
El acuerdo también incluye la financiación de un estudio sobre los patrones de desplazamiento de los cruceristas, como paso previo a la elaboración de un nuevo plan de movilidad urbana. Esta política apunta a una ciudad más habitable para sus residentes, al tiempo que busca equilibrar el atractivo turístico con la sostenibilidad medioambiental y social.
Esta no es la primera medida de este tipo. En 2023, Barcelona ya había cerrado la terminal portuaria norte a los cruceros, en aplicación de un acuerdo de 2018 entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria, que establecía el alejamiento progresivo de estas actividades de las zonas urbanas. Otras terminales como Maremagnum fueron reconvertidas para usos comerciales y recreativos.
Con esta nueva etapa, Barcelona se suma a otras ciudades europeas como Ámsterdam o Venecia, que también han adoptado decisiones drásticas para controlar el flujo de visitantes que arriban por mar. La capital catalana, símbolo de modernidad y tradición, se enfrenta al difícil reto de seguir siendo destino turístico sin dejar de ser ciudad para quienes la habitan.
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