En una controvertida decisión adoptada este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países que no son sus lugares de origen, sin la obligación de ofrecerles una audiencia previa para impugnar la medida. La orden anula temporalmente una decisión judicial previa que exigía considerar si esas expulsiones podrían poner en peligro la vida de los deportados.

La mayoría conservadora del alto tribunal no ofreció justificación detallada, en línea con el procedimiento habitual para casos tramitados por vía de emergencia. Sin embargo, las tres juezas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— manifestaron un firme desacuerdo.

Una disidencia contundente ante el riesgo de tortura

En una disidencia de 19 páginas, la jueza Sotomayor advirtió que la decisión “expone a miles al riesgo de tortura o muerte”, y acusó al gobierno federal de actuar “sin restricciones por la ley, libre para deportar a cualquiera a cualquier lugar sin aviso o una oportunidad de ser escuchado”. La magistrada subrayó la importancia de garantizar un proceso mínimo para evaluar si el traslado a un tercer país —distinto al de ciudadanía— puede representar una amenaza grave.

La medida se conoce tras el fallido intento de deportar a ocho migrantes —provenientes de Myanmar, Vietnam y Cuba— hacia Sudán del Sur, un país afectado por años de violencia y colapso institucional. El avión que transportaba a los migrantes fue desviado a una base militar en Yibuti luego de la intervención del juez federal de distrito Brian E. Murphy, quien había ordenado que los migrantes pudieran exponer sus temores mediante representación legal. Los detenidos fueron alojados en un contenedor habilitado como alojamiento temporal, según documentos judiciales.

Deportaciones sin garantías mínimas

Este fallo representa un nuevo respaldo judicial a la política migratoria endurecida del presidente Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas que viven de forma irregular en el país. La decisión afecta principalmente a migrantes que han agotado sus recursos legales y tienen antecedentes penales, pero también sienta un precedente preocupante sobre la posibilidad de expulsar a personas sin importar el riesgo que puedan enfrentar en terceros países.

La directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, Trina Realmuto, calificó la orden como un precedente peligroso: “Las ramificaciones serán horribles”, afirmó, subrayando la falta de transparencia y garantías mínimas en el proceso.

Por su parte, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo como una «gran victoria para la seguridad del pueblo estadounidense», en una declaración difundida en redes sociales. La agencia no respondió a preguntas adicionales de la prensa.

Contexto legal y ramificaciones internacionales

El fallo suspende temporalmente una orden del juez Murphy, quien en abril había establecido que incluso en casos de deportación acelerada, los migrantes debían tener derecho a exponer su posible riesgo de tortura en el país de destino. Aunque su orden no prohibía las deportaciones a terceros países, sí exigía una evaluación mínima antes de ejecutar la medida.

Este tipo de prácticas se enmarca en una estrategia más amplia del actual gobierno estadounidense, que incluye acuerdos con países como Panamá o Costa Rica para recibir migrantes deportados, en medio de crecientes dificultades diplomáticas con países de origen que se rehúsan a aceptar a sus nacionales repatriados.

Casos recientes, como el de un hombre guatemalteco gay que fue deportado erróneamente a México —donde fue víctima de violación y extorsión, y luego readmitido en EE.UU. por orden judicial—, reflejan el peligro real de aplicar estas deportaciones sin un análisis caso por caso.

Una política migratoria con escasos controles

La decisión de la Corte Suprema, en manos de una mayoría conservadora, consolida el poder del Ejecutivo para actuar en el terreno migratorio con escasa supervisión judicial, incluso en contextos donde la integridad física y psicológica de los migrantes podría estar en juego.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes han prometido continuar los litigios en tribunales inferiores, buscando revertir lo que consideran una política inhumana e incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional y la Convención contra la Tortura.

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