A pocas horas de las protestas nacionales previstas para este sábado, que también se realizarán en los condados de Miami-Dade y Broward, las autoridades estatales de Florida han lanzado advertencias severas contra cualquier manifestante que recurra a la violencia, generando una oleada de críticas desde organizaciones civiles y activistas.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Florida Central, el alguacil del condado Brevard, Wayne Ivey, lanzó una de las declaraciones más duras hasta la fecha:
“Si lanzas un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntas con un arma a uno de nuestros agentes, avisaremos a tu familia dónde recoger tus restos… porque te mataremos. Cementerio, muerto. No vamos a jugar”, sentenció Ivey, quien además advirtió que cualquier agresión hacia oficiales será respondida con uso de la fuerza letal si es necesario.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, recordó que la legislación “antidisturbios” aprobada en 2021 endurece las penas para quienes participen en actos violentos durante protestas públicas. “En Florida, no toleramos disturbios”, afirmó, asegurando que quienes infrinjan la ley cumplirán condenas efectivas.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones crecientes tras las recientes redadas migratorias en el estado, que han provocado movilizaciones en defensa de los derechos de la comunidad inmigrante. Diversos grupos han convocado manifestaciones pacíficas para este fin de semana, en rechazo a las políticas estatales sobre inmigración y seguridad.

Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el tono de las advertencias, señalando que podrían tener un efecto intimidatorio sobre manifestantes pacíficos.
Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, respondió:
«Aquí en Florida no ha habido disturbios ni violencia. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente sin ser amenazada de esta manera. Estas declaraciones crean una atmósfera de miedo en un país que se define como democrático», afirmó.

Otro activista, en declaraciones desde Tampa, instó a mantener las protestas pacíficas y organizadas, y denunció lo que calificó como un intento de reprimir la participación ciudadana. “Defenderemos juntos los derechos de nuestras comunidades. No nos van a callar”, afirmó.

Las declaraciones del alguacil Ivey incluyeron además una referencia gráfica al uso de perros policiales: “Si nos escupes o golpeas, irás al hospital y a la cárcel, y probablemente te muerda uno de nuestros grandes y hermosos perros”, frase que ha sido duramente criticada por sectores defensores de los derechos civiles.

El fiscal general Uthmeier concluyó señalando que las fuerzas del orden de Florida brindarán protección activa a los agentes federales de inmigración que se sientan amenazados durante las manifestaciones, consolidando así una postura de apoyo institucional a las recientes operaciones de control migratorio en el estado.

El desarrollo de las protestas de este sábado será seguido de cerca tanto por medios nacionales como internacionales, mientras crecen las voces que exigen garantías al derecho constitucional de reunión y libre expresión, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

Fuente: Con información de Telemundo 51

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comenzado a revocar de forma inmediata el parole humanitario conocido como CHNV, que hasta ahora permitía la entrada temporal y legal de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al país. La medida, que también anula los permisos de trabajo asociados, afectará a más de 500,000 personas según estimaciones oficiales.

Desde este martes, los beneficiarios han comenzado a recibir notificaciones formales de cancelación, lo que implica que quienes permanezcan en territorio estadounidense sin otro estatus legal podrían ser detenidos y deportados sin previo aviso. La decisión marca un cambio radical en la política migratoria reciente, y ha generado alarma en las comunidades migrantes afectadas.

El DHS, por su parte, ha justificado la medida como un retorno a “políticas de sentido común”, argumentando que se busca priorizar la seguridad nacional y frenar lo que califican como abuso de programas humanitarios. En un comunicado, la agencia sostuvo que el parole había sido malinterpretado como un camino garantizado a la residencia, cuando en realidad se trata de una figura temporal y discrecional.

Como parte de esta nueva política, el gobierno está promoviendo la auto-deportación voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que permite a los migrantes coordinar su salida del país. Aquellos que accedan a regresar a sus países de origen recibirán asistencia de viaje y un bono de $1,000 dólares, en lo que las autoridades describen como un “incentivo de retorno ordenado”.

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y miembros del Congreso, quienes advierten que muchas de las personas afectadas escapan de contextos de persecución, crisis humanitarias y represión, y ahora quedan en riesgo de deportación inmediata sin oportunidad de defender sus casos ante un juez.

También se ha señalado la falta de claridad en los criterios utilizados para las cancelaciones, así como el impacto desproporcionado en comunidades que ya enfrentan barreras lingüísticas, inseguridad económica y desinformación sobre sus derechos migratorios.

Mientras tanto, miles de familias —muchas de ellas ya establecidas en EE.UU. y con hijos nacidos en el país— ven con incertidumbre su futuro, ante una medida que cierra abruptamente una de las principales vías legales que había permitido a cientos de miles de personas escapar de situaciones extremas.

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