Las autoridades energéticas cubanas han reconocido que la isla enfrenta una crisis eléctrica estructural que podría extenderse por varios años, sin soluciones inmediatas a la vista. La falta de combustible, el deterioro de las termoeléctricas y la ausencia de financiamiento han llevado al país a una situación crítica, con afectaciones que han superado los 1.600 MW en horario pico, un récord sin precedentes en décadas recientes.
Durante una reciente intervención, representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) advirtieron sobre el posible retiro de las patanas flotantes, que actualmente aportan alrededor de 400 MW. La permanencia de estas plataformas estaría en riesgo por dificultades contractuales y financieras. Al mismo tiempo, más del 40% de la capacidad térmica instalada se encuentra fuera de servicio o bajo mantenimiento.
A pesar de la promoción oficial de la energía solar como una vía de alivio, los propios expertos han reconocido que los parques fotovoltaicos no son capaces de reactivar el sistema en caso de apagón total, y su rendimiento es limitado por su dependencia climática. Aunque se mantiene el objetivo de alcanzar los 2.000 MW solares, los avances han sido lentos y sus beneficios, hasta ahora, insuficientes.
Entre las medidas a largo plazo propuestas por el gobierno figuran la rehabilitación de unidades generadoras como Felton 2, Mariel 7, Nuevitas 4 y Renté 4, con un posible aporte de 550 MW. Sin embargo, solo Felton 2 requeriría más de 70 millones de dólares y al menos dos años de trabajo, lo que pospone cualquier mejora tangible hasta 2027 o más allá.
Mientras tanto, los apagones impactan directamente en la vida diaria. En La Habana, los triciclos eléctricos han tenido que suspender rutas; en Artemisa, las escuelas han modificado horarios y eliminado la exigencia del uniforme escolar; y en provincias como Las Tunas o Cienfuegos, la parálisis de sistemas digitales ha afectado trámites esenciales, como gestiones migratorias o procesos de ciudadanía extranjera.
Incluso voces cercanas al oficialismo han comenzado a mostrar preocupación abierta. Una periodista en Matanzas calificó la situación como un “colapso total”, señalando que hablar de apagones ya no es exacto porque “para que haya apagón, primero debe haber electricidad”. Su testimonio narra jornadas de hasta 17 horas sin servicio, con serias afectaciones en el abastecimiento de agua, la conectividad y la salud mental de la población.
Pese a las promesas gubernamentales de reducir gradualmente los cortes, no se ha ofrecido un cronograma claro ni fuentes de financiamiento concretas. Las proyecciones de “cuatro horas diarias” contrastan con regiones donde los apagones superan las 16 y hasta 20 horas. El país, sumido en una emergencia energética prolongada, enfrenta un deterioro sistémico que impacta todos los sectores y erosiona aún más la confianza ciudadana.
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