Según reporta Europa Press, Amnistía Internacional ha emitido un informe alarmante sobre la detención arbitraria de casi 200 niños y adolescentes en Venezuela tras los controvertidos comicios presidenciales del pasado 28 de julio. La organización internacional acusa al gobierno de Nicolás Maduro de implementar tácticas represivas que incluyen torturas y malos tratos, señalando que estos actos constituyen graves violaciones de los derechos humanos y el debido proceso legal.
El informe documenta abusos desgarradores a menores, como el testimonio de una madre cuyo hijo de 16 años fue sometido a descargas eléctricas. «Lloraba y lloraba. Me dijo que, después de toda la electricidad, sentía que estaba muerto», narró. Otro caso involucró a un adolescente de 17 años, quien relató haber sido asfixiado repetidamente con una capucha y haber recibido descargas eléctricas como parte de los interrogatorios. Estas prácticas han generado consecuencias psicológicas devastadoras, como intentos de suicidio, colapsos nerviosos y cuadros de depresión severa.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, expresó su profunda preocupación ante lo que calificó como una «escalada de atrocidades» por parte del régimen venezolano. «Criminalizar y torturar a menores de esta manera cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás», afirmó. Además, enfatizó que las casi 200 detenciones de menores son «inconcebibles» y urgió su liberación inmediata e incondicional, advirtiendo sobre el impacto duradero que estos eventos tendrán en las vidas de los afectados.
El informe señala que estas detenciones no son incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sólo en el mes posterior a las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, aumentando significativamente el número de personas arrestadas por motivos políticos y sociales en el país.
Amnistía Internacional también instó a la comunidad internacional a actuar con determinación. Callamard solicitó apoyo a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y llamó al gobierno de Maduro a facilitar la cooperación con la misión independiente de la ONU que investiga violaciones de derechos humanos en el país.
El informe de Amnistía Internacional subraya que las víctimas de este tipo de represión no sólo enfrentan las secuelas de la violencia física y psicológica, sino que además se ven envueltas en procesos judiciales sin garantías, quedando atrapadas en un sistema que busca reprimir cualquier indicio de disidencia. La organización concluyó su declaración solicitando un clamor global para detener estos abusos, en un esfuerzo por restaurar los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.