MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) –

Un Juzgado Mixto de Aranjuez ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del hombre de 72 años detenido por pegar martillazos en la cabeza a un compañero de residencia en el municipio de Aranjuez por problemas de convivencia entre ellos, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En su declaración, el hombre reconoció los hechos ocurridos el pasado sábado en el geriátrico público Santiago Rusiñol, situado en la calle Primero de Mayo número 21. Se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa. La víctima, de 76 años, se encuentra grave en el Hospital de Getafe.

Los hechos tuvieron lugar a las 15:45 horas. Al parecer, el agresor, que luego reconoció que «estaba harto» de su compañero, le sorprendió a martillazos mientras dormía la siesta.

Tras lo ocurrido, hasta el lugar acudieron los sanitarios del Summa-112, que trasladaron en ambulancia a la víctima, un hombre español de 77 años, al Hospital de Getafe con fuertes traumatismos en la cabeza. Le evacuaron estable dentro de la gravedad, pero su vida no corre peligro.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a su compañero de residencia, un hombre español de 72 años acusado de intento de homicidio. Y se llevaron el martillo lleno de sangre, que estaba encima de la mesa de la habitación donde sucedieron los hechos.

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) –

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha afirmado que el ‘caso Koldo’ –que investiga las presuntas comisiones cobradas en la venta de mascarillas de Koldo García, el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos– es «uno más de otros muchos» que la Benemérita tiene abiertos.

Así se ha expresado este miércoles el director general de la Guardia Civil en declaraciones a los medios de comunicación en Mutxamel (Alicante), al ser preguntado por si el ‘caso Koldo’ puede afectar a este cuerpo, por la supuesta relación de miembros de la Benemérita con la trama.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ puso en libertad a un miembro de la Guardia Civil investigado en la causa por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho, y que está destinado en la embajada española en Venezuela.

Asimismo, del auto del juez se desprende que la Guardia Civil sostiene que Koldo García se habría reunido supuestamente con varios agentes del cuerpo para hablar de los seguimientos que la Unidad Central Operativa (UCO) realizaba a la trama. Además, la UCO comenzó a auditar sus bases de datos para dar con el posible filtrador que alertó de la investigación a Koldo García.

Al respecto, el director general de la Guardia Civil ha señalado que este cuerpo trabaja «todos los días en multitud de eventos criminales», ya que su trabajo es «evitar y perseguir hechos delictivos». «Ese –el ‘caso Koldo’– es un caso más de otros muchos que tenemos abiertos», ha zanjado.

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) –

El director de la residencia de mayores ‘Virgen de Valencia’, en Puente Arce (Piélagos), ha aceptado una pena de dos años de cárcel por la fuga de gas que se produjo en este centro sociosanitario en febrero de 2020 y que provocó la muerte de dos ancianas y lesiones a otras cuatro.

Se trata de Jesús Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia en Cantabria, que ha reconocido los hechos en el juicio contra él, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria con acuerdo de las partes, y en el que se ha impuesto la misma condena al instalador de la caldera, que estará además inhabilitado durante dos años para desempeñar ese trabajo.

Y el tercer acusado, técnico de mantenimiento, ha sido condenado a 18 meses y a una inhabilitación especial durante idéntico periodo para desempeñar ese oficio y funciones, según lo acordado en la vista, desarrollada en la Sección Primera, y en la que se ha fijado que los tres procesados indemnicen con más de 98.000 euros a los familiares de las víctimas y a las lesionadas.

Han sido condenados por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, y se han tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

Por esos ilícitos, el fiscal solicitaba inicialmente cuatro años de prisión y de inhabilitación al director de la residencia y al instalador de la caldera, y tres para el responsable de su mantenimiento, así como 81.500 euros en concepto de responsabilidad civil. La acusación particular elevaba la petición de pena a cada uno de ellos a cinco años de prisión y seis de inhabilitación para sus profesiones.

De su lado, la defensa del administrador de la residencia consideraba que no había intervenido en los hechos y no los había cometido, en tanto que la de los técnicos entendía que no existió negligencia grave, sino una «cadena de irregularidades y errores», todos «menores» y atribuibles a personas distintas, y que fue la «producción conjunta de todos ellos» lo que provocó el fatal desenlace.

Pero según la acusación pública, la fuga se produjo por negligencia e inacción de los tres enjuiciados. Fue de monóxido de carbono, un gas letal que procedía de una de las calderas y duró dos días. Se filtró al hueco de la chimenea y de ahí a los canales de ventilación, llegando hasta las habitaciones de algunas residentes.

Dos de ellas fallecieron -una ese mismo día y otra al siguiente en el hospital- y otras cuatro sufrieron diferentes lesiones por intoxicación que precisaron tratamiento médico posterior al de urgencias y al ingreso.

El fiscal explicaba en su escrito que uno de los acusados había sido el encargado de reemplazar una caldera estropeada por otra y la instaló «incorrectamente y sin seguir las instrucciones del fabricante», ya que la nueva estaba preparada para gas natural y debía ser adaptada para gas propano pero no lo realizó, «provocando con ello una mala combustión».

Además, señalaba que el mantenimiento en el cuarto de calderas fue «defectuoso», dado que los técnicos que mensualmente llevaban a cabo esas labores «nunca repararon la defectuosa conexión que existía entre la conducción de salida de humos de las calderas y la propia chimenea». Y ello, pese «estar a la vista en el propio cuarto de calderas el ‘apaño’ que había realizado la propiedad desde hacía ya varios años».

Y es que la propiedad había realizado una «defectuosa reparación» de la conexión entre la conducción de salidas de humos de las calderas y la propia chimenea, «colocando cinta americana y una red metálica, sin encomendar su adecuada reparación a técnicos especializados».

Finalmente, también existió una «defectuosa contratación por parte de la propiedad del mantenimiento de las chimeneas», al no constar que se hubiera contratado a una empresa especializada.