Una coalición de 20 fiscales generales estatales, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, ha presentado una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por haber divulgado información médica confidencial de millones de personas inscritas en Medicaid, presuntamente sin justificación legal, a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con un informe de Associated Press, el pasado mes de junio se autorizó la transferencia de datos sensibles —incluyendo nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y reclamaciones médicas— a las autoridades federales encargadas de ejecutar políticas de inmigración. Esta acción habría sido ordenada por asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., bajo instrucciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que supervisa los programas federales de salud como Medicaid.
Según Bonta, el Gobierno federal violó leyes de privacidad médica, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), al compartir esta información sin el consentimiento de los individuos ni justificación sanitaria o legal suficiente.
“Esto es una violación de siete décadas de política y práctica legal federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales y solo pueden compartirse en circunstancias muy limitadas que beneficien a la salud pública o al programa de Medicaid”, declaró Bonta en rueda de prensa.
El uso de estos datos se habría enmarcado en los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la capacidad del DHS para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados. En particular, los estados de California, Illinois y Washington, que permiten el acceso de personas no ciudadanas a programas de Medicaid financiados exclusivamente con fondos estatales, habrían sido los más directamente afectados por la orden federal.
Un memorando interno del 6 de junio, firmado por la subdirectora de Medicaid Sara Vitolo y obtenido por AP, detalla que funcionarios del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) expresaron inicialmente su desacuerdo con la entrega de datos, advirtiendo que ello podría violar la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974. Sin embargo, cuatro días después, el HHS ordenó la transferencia inmediata de los datos al DHS, ignorando las objeciones planteadas por su propio equipo técnico.
Desde el HHS, el portavoz Andrew Nixon defendió la legalidad de la acción, asegurando que la agencia actuó «completamente dentro de su autoridad legal» y que el objetivo era «garantizar que los beneficios de Medicaid se reserven para las personas que tienen derecho legal a recibirlos».
Por su parte, docenas de legisladores demócratas han enviado cartas a las agencias involucradas exigiendo que se detenga el intercambio de datos y se destruya toda la información transferida hasta ahora al DHS.
La polémica ha reavivado las preocupaciones sobre el uso de bases de datos federales con fines migratorios, especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas de deportación impulsadas por la administración Trump durante su segundo mandato. El caso se suma a otros recientes, como la autorización del uso de datos del IRSpara ubicar a personas en situación migratoria irregular.
Fuente: Associated Press
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