En un giro que endurece aún más la política estadounidense hacia Cuba, el Departamento de Estado, encabezado por el Secretario Marco Rubio, ha implementado nuevas restricciones que obligan a los diplomáticos cubanos a solicitar autorización previa antes de interactuar con autoridades locales, instituciones académicas y centros de investigación en territorio estadounidense.
La medida, que fue oficializada el 7 de mayo mediante publicación en el Registro Federal, se enmarca dentro de la Ley de Misiones Extranjeras, un marco legal que permite al gobierno de Estados Unidos imponer controles sobre las actividades de representaciones diplomáticas extranjeras cuando se considera que sus acciones no se alinean con los principios de reciprocidad o representan un riesgo para los intereses nacionales.
Según el Departamento de Estado, el propósito de esta disposición es “limitar el alcance operativo de misiones diplomáticas que, bajo la apariencia de intercambio cultural o cooperación institucional, podrían estar avanzando objetivos políticos o estratégicos adversos a la seguridad o soberanía de Estados Unidos”. En la práctica, la nueva normativa implica que cualquier visita o reunión que diplomáticos cubanos pretendan realizar fuera de su sede diplomática requerirá autorización expresa del gobierno federal.
La decisión coincide con la reciente reincorporación de La Habana a la Lista de Entidades Restringidas, una relación mantenida por el Departamento de Estado que limita las operaciones y vínculos financieros de empresas y organismos que, según la legislación estadounidense, están conectados con sectores de defensa, inteligencia o represión.
Estas acciones reflejan una postura cada vez más firme del gobierno de Trump hacia Cuba, donde Marco Rubio, uno de los principales artífices de esta política, ha asumido un rol protagónico en el rediseño de la estrategia diplomática. Rubio, de ascendencia cubana y con larga trayectoria legislativa enfocada en temas hemisféricos, ha sido una de las voces más críticas del sistema político cubano, al que ha acusado reiteradamente de abusos sistemáticos contra los derechos humanos y de operar redes de influencia en el exterior bajo coberturas oficiales.
Desde La Habana, la reacción no se hizo esperar. Autoridades cubanas expresaron públicamente su rechazo a la medida, calificándola como “hostil e injustificada”. En declaraciones difundidas por la televisión nacional y replicadas por medios afines, funcionarios cubanos acusaron a Estados Unidos de llevar a cabo una “guerra de agresión económica y diplomática” y señalaron personalmente a Marco Rubio como “responsable de escalar el conflicto bilateral”.
Este tipo de restricciones no es completamente nuevo: durante administraciones anteriores ya se habían impuesto limitaciones similares, particularmente en momentos de tensión diplomática. No obstante, el contexto actual, marcado por el retroceso en las relaciones bilaterales desde 2021 y el endurecimiento de la política exterior estadounidense en el continente, otorga un peso simbólico y estratégico renovado a esta decisión.
La comunidad cubanoamericana en Estados Unidos, especialmente en Florida, ha aplaudido ampliamente la medida, considerándola un paso coherente para frenar lo que perciben como intentos de influencia encubierta por parte de funcionarios provenientes de la isla. Voces dentro del exilio han recordado que muchas visitas de diplomáticos cubanos a universidades o foros culturales han sido utilizadas para promover una imagen edulcorada de su sistema político, sin abordar la situación interna de derechos y libertades.
Con esta nueva directiva, se prevé que los movimientos y acciones públicas del personal diplomático cubano dentro de Estados Unidos se vean sensiblemente reducidos, obligándolos a operar dentro de un marco de supervisión constante. Resta por ver si esta política provocará represalias diplomáticas recíprocas por parte de La Habana o afectará las ya limitadas vías de diálogo entre ambos países. Lo que sí parece claro es que la tensión bilateral continúa en aumento y que la administración Trump apuesta por un enfoque de máxima presión sin concesiones.
