El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró haber entregado a Estados Unidos los nombres y ubicaciones de los presuntos responsables de un plan para atacar la embajada norteamericana en Caracas, una afirmación que ha sido recibida con escepticismo y preocupación en Washington, debido a la ausencia de pruebas verificables y a los antecedentes de opacidad del gobierno venezolano en materia de seguridad diplomática.
Maduro calificó el supuesto complot como un “intento de falsa bandera” y afirmó que su administración “neutralizó a tiempo” la amenaza gracias a la labor de los servicios de inteligencia. Según dijo, los datos fueron enviados “por tres canales oficiales” al gobierno estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos no ha confirmado haber recibido ninguna comunicación formal ni evidencia que respalde dichas declaraciones.
Para fuentes diplomáticas en la capital estadounidense, las palabras de Maduro reflejan una maniobra política más que un acto de cooperación real, en un contexto de creciente aislamiento internacional y de desconfianza generalizada hacia las instituciones venezolanas. Expertos en seguridad señalan que Caracas ha demostrado una incapacidad crónica para garantizar la integridad de las misiones extranjeras, lo que vulnera las obligaciones internacionales de Venezuela bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
“Si el gobierno venezolano tiene realmente información sobre un intento de ataque, debe compartirla de manera transparente y verificable”, declaró un exfuncionario del Departamento de Estado consultado por CubaHerald. “De lo contrario, estas acusaciones parecen diseñadas para distractar la atención de los problemas internos del país y proyectar una falsa imagen de cooperación con Washington”.
Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene silencio y no se ha pronunciado sobre la veracidad de las acusaciones, aunque altos funcionarios de la administración estadounidense reiteraron en privado que la seguridad de las misiones diplomáticas en Caracas sigue siendo motivo de seria preocupación.
En un país marcado por la politización de las instituciones y la ausencia de garantías básicas, analistas consideran que el propio anuncio de Maduro es una admisión implícita de la fragilidad del Estado venezolano para controlar amenazas internas. Para muchos observadores, más que un gesto de colaboración, se trata de un recordatorio de la erosión de la autoridad y credibilidad del gobierno de Caracas en el escenario internacional.
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