En un esfuerzo por mejorar el servicio de transporte público, el gobierno de Villa Clara ha emitido una advertencia severa a los conductores de vehículos estatales que eviten parar en los puntos designados de recogida de pasajeros. La medida incluye la posibilidad de revocar las licencias de aquellos que no cumplan con su obligación de servicio.
Según reportes de la emisora local CMHW, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas ha expresado su frustración después de observar personalmente las deficiencias en la recogida de pasajeros en varios puntos críticos de la provincia. Sánchez ha declarado que esta acción es una respuesta directa a las múltiples quejas de los ciudadanos respecto a las dificultades que enfrentan diariamente en las terminales y puntos de recogida.
La situación en la terminal de ómnibus interprovinciales de Villa Clara es particularmente grave. Usuarios reportan condiciones deplorables con hacinamiento y falta de servicios básicos, lo que complica aún más la ya difícil espera por transporte. Algunos pasajeros han llegado a esperar días por un ómnibus, enfrentándose a la falta de información y servicios mientras aguardan en la terminal.
El problema no se limita a la falta de vehículos; la organización de las listas de espera y la gestión de los recursos disponibles también han sido criticadas. A pesar de las promesas de mejorar el servicio, incluyendo la adición de guaguas extras en períodos de alta demanda, muchos aseguran que las mejoras son insuficientes y esporádicas.
Esta crisis en el transporte no es exclusiva de Villa Clara; informes recientes del gobierno han revelado que más de la mitad de las rutas de autobuses provinciales en todo el país están actualmente inactivas, con algunas provincias operando apenas un par de viajes diarios. Esta situación ha llevado al ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, a admitir la gravedad del problema durante una reciente sesión del Parlamento.
Ante esta realidad, el gobierno provincial de Villa Clara está tomando medidas firmes para asegurar que los conductores estatales cumplan con su deber de facilitar el transporte público, esencial para la movilidad y el bienestar económico de la población.
