La organización Bienestar Animal Cuba (BAC) ha logrado una inédita victoria legal frente a la plataforma Instagram, propiedad de Meta, tras meses de restricciones injustificadas que afectaban su actividad digital. Esta resolución sienta un precedente importante para las asociaciones sin fines de lucro que operan dentro del marco jurídico europeo.
Durante un periodo prolongado, BAC denunció la censura sistemática de sus publicaciones, bloqueos de acceso, eliminación de contenidos y una notable limitación de su alcance en redes sociales, sin recibir notificaciones claras ni fundamentos legales por parte de la plataforma. Sin embargo, el detalle clave que modificó el escenario fue la configuración legal de sus cuentas bajo jurisdicción de la Unión Europea, donde normas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) ofrecen garantías explícitas a organizaciones sociales.
Tras una revisión jurídica minuciosa y con el respaldo de asesores expertos, BAC acudió al Appeals Centre Europe, una instancia de mediación entre usuarios europeos y plataformas tecnológicas. El fallo fue contundente: Instagram había vulnerado derechos fundamentales de la organización, incluyendo la libertad de expresión y la protección de datos, al aplicar restricciones sin el debido proceso.
El resultado fue favorable para la organización: Instagram se vio obligada a rectificar las medidas impuestas, restableciendo completamente la cuenta y evitando así una posible demanda judicial, la cual, según estimaciones, podría haber implicado una compensación económica considerable por los daños morales y por la interrupción de las actividades de la asociación.
BAC ha anunciado que ahora dirigirá su atención a Facebook, otra plataforma bajo el mismo conglomerado tecnológico, en busca de reivindicar derechos y asegurar condiciones de equidad digital para su labor.
Este caso se ha convertido en un símbolo para múltiples ONG, movimientos sociales y colectivos que enfrentan desafíos similares frente a grandes corporaciones tecnológicas. Desde BAC insisten en que sí existen mecanismos legales efectivos para exigir responsabilidad a plataformas globales, especialmente cuando se acogen a marcos regulatorios sólidos como los de la Unión Europea.
“La justicia no necesita permiso para actuar. Solo necesita convicción para resistir”, concluyó el comunicado de la organización.
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