Una medida regulatoria impulsada durante la administración del presidente Joe Biden, que pretendía eliminar las deudas médicas impagas de los reportes de crédito, fue anulada por un juez federal en Texas, según informó CNN este lunes.
La norma, impulsada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), tenía como objetivo excluir hasta 49.000 millones de dólares en facturas médicas de los historiales crediticios de aproximadamente 15 millones de estadounidenses. También pretendía limitar el uso de ciertos datos médicos en la evaluación de préstamos y prohibir que dispositivos médicos como sillas de ruedas o prótesis se utilizaran como garantía.
Sin embargo, el juez Sean Jordan, del Tribunal de Distrito del Este de Texas y designado por el expresidente Donald Trump, falló en contra de la norma al considerar que excedía la autoridad de la CFPB según la Ley de Informes Justos de Crédito. El juez respaldó los argumentos presentados por dos asociaciones de la industria que demandaron la medida, demanda a la que posteriormente se sumó el gobierno de Trump.
Según el fallo, “todas las disposiciones sustantivas principales de la norma excedían la autoridad legal de la agencia”, lo que implica una anulación completa del reglamento.
De haberse implementado, la norma habría generado un aumento promedio de 20 puntos en los puntajes crediticios de las personas afectadas, y se estimaba que permitiría la aprobación de unas 22.000 hipotecas adicionales al año, según datos de la propia CFPB. La agencia argumentó que las deudas médicas no son un indicador confiable de la capacidad de pago de los consumidores y que muchas facturas de este tipo contienen errores o son objeto de disputas prolongadas entre pacientes, aseguradoras y centros de salud.
El fallo fue recibido con beneplácito por parte de representantes de la industria financiera y legisladores republicanos, quienes argumentaron desde un inicio que la norma debilitaba la precisión e integridad del sistema crediticio y que podría derivar en mayor riesgo para el sistema financiero, dificultando el acceso al crédito, especialmente entre las poblaciones de menores ingresos.
Dan Smith, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Datos del Consumidor, una de las partes demandantes, celebró la decisión judicial al afirmar que “la información sobre las deudas médicas impagas es un elemento importante para evaluar la capacidad de pago real de un consumidor”.
Por su parte, ACA International, otra organización que representa a empresas de crédito y cobro, advirtió que la norma habría obligado a los proveedores de salud a exigir pagos anticipados, lo que afectaría a pacientes sin capacidad inmediata de pago.
La sentencia también enfatiza que la CFPB no puede legislar, rol que corresponde al Congreso, consolidando un criterio legal que podría condicionar futuras iniciativas regulatorias similares.
La decisión judicial marca un revés importante para los esfuerzos de reforma del sistema crediticio impulsados bajo la administración Biden, al tiempo que refleja la creciente influencia del sector financiero en las políticas públicas sobre acceso al crédito y manejo de deudas.
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