La Habana, 29 de mayo de 2025 – Las autoridades judiciales de Cuba anunciaron una nueva política penal más rigurosa para enfrentar los daños ocasionados a infraestructuras estratégicas del país. A partir de ahora, el Tribunal Supremo Popular comenzará a calificar como «sabotaje» los actos que afecten servicios vitales como el transporte público, las telecomunicaciones y el sistema eléctrico nacional, lo que conllevará juicios rápidos y sentencias ejemplarizantes.
La decisión fue dada a conocer este jueves y representa un endurecimiento considerable de las penas previstas para este tipo de delitos, tradicionalmente tratados bajo figuras legales de menor peso. Con este cambio, las sanciones podrían incluir largas condenas de privación de libertad, e incluso otras medidas más severas, en función del impacto que los hechos tengan sobre la población o la seguridad del Estado.
Según declaraciones difundidas por medios oficiales, esta medida responde a un incremento de los actos vandálicos, daños intencionales o negligentes contra infraestructuras consideradas sensibles para el funcionamiento del país, en un contexto económico y social ya de por sí frágil.
“La protección de los recursos comunes y de los sistemas que garantizan los servicios esenciales no puede dejar margen a la impunidad”, se señaló en el comunicado, que también enfatiza la urgencia de “defender la estabilidad del país frente a acciones que buscan generar caos o entorpecer la vida cotidiana de los ciudadanos”.
Críticas y preocupaciones
Sin embargo, la aplicación del término «sabotaje» —que históricamente ha tenido un alto contenido político y penal— genera inquietud entre juristas y defensores de derechos legales, que advierten sobre el riesgo de aplicar tipificaciones amplias o ambiguas que puedan alcanzar también a ciudadanos comunes, trabajadores o manifestantes cuyas acciones no tengan intención criminal, pero sí efectos colaterales sobre infraestructuras públicas.
Expertos consultados consideran que, si bien es legítimo proteger el funcionamiento de los servicios básicos, la falta de transparencia procesal, la rapidez de los juicios y el uso de conceptos penales amplios podrían vulnerar garantías elementales del debido proceso.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil han insistido en que muchos de los problemas relacionados con interrupciones en el transporte, cortes eléctricos o fallos en las telecomunicaciones responden más a fallas estructurales, falta de mantenimiento y desinversión sostenida, que a actos intencionales.
Con este anuncio, se abre una nueva etapa en la interpretación y aplicación del Código Penal cubano, que acentúa la dimensión punitiva en contextos de tensión social y económica, en lugar de priorizar mecanismos de mediación, reparación o participación comunitaria para la protección de los bienes comunes.
El alcance y los efectos concretos de esta medida aún están por verse, pero el mensaje es claro: las autoridades buscarán imponer un control más firme ante cualquier hecho que afecte infraestructuras clave, en un momento en que los servicios públicos enfrentan múltiples desafíos y la presión social crece.
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