Washington, 1 de julio de 2025 — La administración de Donald Trump ha dado un paso más en su agenda migratoria al ordenar al Departamento de Justicia que priorice la desnaturalización civil de inmigrantes naturalizados, incluso por delitos menores o errores en formularios migratorios. La instrucción figura en un memorando interno fechado el 11 de junio, y representa una ofensiva jurídica sin precedentes que podría afectar a millones de personas legalizadas en Estados Unidos.
Según Axios y The Guardian, el documento autoriza revocar la ciudadanía a quienes hayan mentido en el proceso de naturalización, cometido fraudes financieros, médicos o migratorios, o sean considerados una “amenaza” para la seguridad nacional, según el criterio del gobierno.
A diferencia de los casos penales, el proceso se lleva a cabo por la vía civil, lo que significa que los acusados no tienen derecho a defensa pública y que la carga probatoria es menor, lo cual, según expertos, abre la puerta a decisiones arbitrarias.
“Incluso ciudadanos naturalizados que llevan décadas cumpliendo la ley podrían verse en riesgo”, advirtió un analista legal citado por El Universal.
Un precedente que preocupa
Aunque gobiernos anteriores recurrieron a la desnaturalización en casos puntuales, el uso generalizado y discrecional promovido por Trump marca un giro alarmante. Se incluyen delitos como fraude en Medicare o Medicaid, pertenencia a pandillas, delitos sexuales o terrorismo, pero también se deja abierta la posibilidad de actuar fuera de esas categorías si así lo decide el Departamento de Justicia.
“La desnaturalización será una de las cinco principales prioridades del Departamento”, afirmó el fiscal adjunto Brett A. Shumate.
Derechos en juego
Con más de 24,5 millones de ciudadanos naturalizados en EE.UU., el alcance de la medida es significativo. Al ser procesos civiles, se eliminan protecciones básicas, lo que deja a muchas personas en riesgo de perder un derecho ya adquirido.
La orden coincide con la reciente victoria de Trump en la Corte Suprema, que limita la capacidad de los tribunales menores para frenar sus decretos, allanando el camino para otras iniciativas como restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido por la Decimocuarta Enmienda.
“Trump no va solo por los indocumentados. Va por todos, incluso los que ya son ciudadanos”, alertó un abogado migratorio.
Ciudadanía bajo amenaza
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye detenciones masivas, militarización fronteriza y presión sobre el sistema judicial. Para muchos analistas, el objetivo va más allá de controlar la inmigración: busca redefinir quién merece ser estadounidense, incluso entre quienes ya han cumplido con la ley.
Si la ciudadanía puede revocarse sin garantías plenas, se rompe el pacto básico entre individuo y Estado.
Para los críticos, esta política no solo es antiinmigrante, sino antidemocrática. Y convierte el miedo en una herramienta de gobierno.
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