Mientras el presidente Donald Trump impulsa su plan de deportaciones masivas, la Casa Blanca intenta calmar la creciente preocupación de sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura, la construcción y la hotelería, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, gran parte de ella sin estatus legal. Según CNN, altos funcionarios han mantenido conversaciones discretas con líderes empresariales, e incluso han considerado medidas temporales para permitir que ciertos trabajadores permanezcan legalmente en sus empleos.
Trump ha mostrado ambigüedad en el tema: por un lado, promueve redadas a gran escala a través del ICE; por otro, reconoce que muchos inmigrantes llevan más de una década trabajando en las mismas granjas. “Tenemos muchos casos en los que ICE entra en una granja y se trata de personas que llevan allí 10 o 15 años. Los agricultores los conocen”, dijo el mandatario citado por CNN.
La tensión también se refleja dentro del Gobierno. Mientras figuras como Stephen Miller exigen una aplicación estricta de la ley, otros, como la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, advierten sobre el riesgo de desestabilizar sectores productivos. Según el Departamento de Agricultura, el 40 % de los trabajadores agrícolas en EE.UU. carece de estatus legal.
La industria ha advertido que deportaciones indiscriminadas podrían generar escasez de mano de obra, cuellos de botella y aumentos de precios. “Estamos entre la espada y la pared”, afirmó Kip Eideberg, de la Asociación de Fabricantes de Equipos, en declaraciones a CNN. A pesar de esto, el presidente insiste en que no habrá amnistías, aunque abre la puerta a permisos temporales para trabajadores esenciales.
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