La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Maricela Sosa Ravelo, declaró a la cadena británica BBC que la percepción de inseguridad en el país es una problemática amplificada por las redes sociales. Según la funcionaria, existen campañas difamatorias promovidas desde el extranjero que buscan distorsionar la realidad en la isla.
En una entrevista poco común por parte de altos funcionarios cubanos, Sosa Ravelo sostuvo que, en sus 30 años como juez y magistrada, no percibe una falta de confianza del pueblo hacia sus autoridades. «La policía en Cuba tiene un alto índice de éxito en la resolución de crímenes. No vemos que la gente tome la justicia por su mano, como ocurre en otros lugares de América Latina, lo que sugiere que la población confía en nuestro sistema de justicia», afirmó.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la creciente cantidad de denuncias que circulan en las redes sociales, donde ciudadanos cubanos expresan su preocupación por la seguridad y sienten desprotección por parte de las instituciones gubernamentales y policiales, especialmente en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas.
Casos recientes, como incidentes ocurridos en Santiago de Cuba, evidencian que los asesinatos, robos y asaltos, incluso a plena luz del día, son parte de las quejas habituales de la población, que ya no percibe la seguridad que antes caracterizaba a las calles del país.
En abril de este año, las autoridades reconocieron el aumento del consumo de drogas, señalando los efectos nocivos del «químico», una sustancia estupefaciente que se ha vuelto popular debido a su bajo costo y que afecta a personas cada vez más jóvenes. Asimismo, en junio, se admitió un preocupante incremento de la violencia, incluyendo el uso de armas de fuego.
Según declaraciones anteriores del primer coronel Eddy Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, las actividades delictivas están relacionadas con factores como el contrabando desde el exterior, el tráfico de drogas y el movimiento de ciudadanos nacionales y extranjeros que impactan negativamente en la seguridad del país.
A pesar de los argumentos oficiales, las denuncias y evidencias que circulan en las redes sociales sustentan las demandas de los ciudadanos por una mayor protección y reflejan una creciente brecha entre el gobierno y la población en materia de seguridad.
