El Tribunal Constitucional de Uganda ha confirmado la validez de gran parte de la controversial ley anti LGTBI, adoptada en 2023, que incluye la pena de muerte para casos denominados de «homosexualidad agravada». Esta clasificación incluye relaciones sexuales con menores o personas con discapacidad, situaciones de coacción, o con individuos inconscientes, según reporta Europa Press. La decisión ha generado una amplia condena internacional, en un momento en que organizaciones y gobiernos suspenden la ayuda a Uganda, criticando la persecución de colectivos minoritarios en un país marcado por la corrupción y desafíos sanitarios.
La sentencia surge tras el análisis de varios recursos legales interpuestos por más de veinte individuos, en un contexto donde los magistrados subrayan la importancia de las «normas socioculturales, los valores y las aspiraciones» de Uganda. Argumentan que la legislación refleja las realidades socioculturales de la sociedad ugandesa, resaltando su aprobación por una mayoría significativa de representantes elegidos democráticamente.
Sin embargo, el Constitucional ha derogado cuatro disposiciones específicas de la ley, incluyendo aquellas que penalizan la facilitación de espacios para actividades LGTBI, la participación en actos que promuevan enfermedades terminales, y la falta de denuncia de estos delitos a la policía, buscando mantener un equilibrio entre los intereses sociales y la autonomía individual.
La promulgación de esta ley por parte del presidente Yoweri Museveni en mayo de 2023 fue defendida con el argumento de que no se perseguiría a las personas por su orientación sexual. No obstante, la medida ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos internacionales como un grave retroceso para los derechos de la comunidad LGTBI en Uganda.
Las repercusiones de esta legislación ya se han sentido a nivel internacional, con el Banco Mundial revisando sus fondos destinados a Uganda y el gobierno de Estados Unidos imponiendo sanciones a funcionarios ugandeses. La crítica también apunta a la desviación de la atención de los problemas reales del país, como la corrupción y los desafíos de salud, hacia la persecución de minorías. Varios gobiernos y organizaciones han anunciado la suspensión de la ayuda a Uganda, esperando que más se sumen a estas medidas en las próximas semanas.
