Las nuevas disposiciones del Ministerio de la Agricultura y del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria han provocado una protesta del movimiento de bienestar animal en Cuba, tras el incremento drástico de los costos para gestionar la salida legal de mascotas del país. Activistas y asociaciones animalistas sostienen que las medidas fueron adoptadas sin previo aviso ni consenso social, y que no han estado acompañadas de políticas públicas de protección.
Según los datos divulgados por colectivos ciudadanos, los precios de legalización se han multiplicado hasta diez veces. Trámites que anteriormente rondaban los 100 pesos ahora alcanzan cerca de 1.000 pesos, mientras la documentación para autorizar el viaje del animal, el permiso de vuelo y la certificación final en frontera se sitúan alrededor de los 10.000 pesoscada uno. Para la mayoría de las familias, reunir esas cifras resulta una carga económica imposible.
El movimiento BAC advierte que el efecto inmediato será un aumento del abandono animal, con refugios ya colapsados y organizaciones comunitarias desbordadas. Denuncian que las tarifas castigan a quienes desean cumplir la Ley y mantener a sus animales junto a ellos al emigrar, pero facilitan de forma indirecta que muchos tutores se vean forzados a dejarlos atrás.
Hasta el momento no se han anunciado programas estatales de esterilización masiva, campañas estables de vacunaciónni la creación de refugios públicos que alivien la situación existente. Los activistas recalcan que los irresponsables no son los principales afectados, sino las personas que cuidan y aman a sus mascotas y que hoy quedan ante una elección injusta.
CubaHerald constata que la cooperación comunitaria ha sido el sostén real del bienestar animal durante los últimos años. Colectivos ciudadanos reiteran que proteger a los animales también es una responsabilidad política y social, y que cualquier decisión administrativa debería priorizar la vida y reducir el sufrimiento evitable.
Las autoridades no han revelado aún los nuevos costos de servicios esenciales en clínicas veterinarias estatales, como la vacunación o la extracción médica, lo que mantiene la incertidumbre sobre el alcance total de las disposiciones. El movimiento BAC anunció que continuará informando y acompañando a las familias afectadas.
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