Podemos ha denunciado que el Ministerio del Interior está deportando «sin testigos» a un grupo de activistas saharauis que habían solicitado asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que, según reporta Europa Press, constituye una «vulneración de derechos fundamentales» de estas personas, según la formación política.
El partido calificó de «extremadamente grave» que el Gobierno haya comenzado las deportaciones tras varias semanas de retención de los solicitantes de asilo en el aeropuerto. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció que acudirá a la terminal 1 de Barajas con el objetivo de reunirse con los activistas saharauis que aún permanecen en el lugar y sus familiares.
Además, Podemos ha acusado a «cargos socialistas» de intentar que estas expulsiones se realicen sin testigos ni supervisión por parte de representantes políticos. Según denuncian, a Belarra y a las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra se les ha negado el acceso a la sala donde se encontraban los solicitantes de asilo, a pesar de las quejas por las inadecuadas condiciones higiénicas y sanitarias del lugar.
En respuesta a estas denuncias, la presidenta de la Comisión de Interior, María Carmen Castilla, planteó la posibilidad de organizar una visita a dichas instalaciones la semana próxima, lo cual fue considerado «inaceptable» por Podemos, que exigió una visita inmediata. Sin embargo, esta solicitud no recibió respuesta.
Con el inicio de las deportaciones, Podemos acusa al Ministerio del Interior y a algunos cargos del PSOE de actuar para evitar que los diputados pudieran hablar con los solicitantes de asilo, lo que, según la formación, ha permitido que las expulsiones se realicen «en la más absoluta impunidad».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había adelantado que los solicitantes de asilo serían deportados si la ley no los protegía y la decisión era ratificada judicialmente. Asimismo, el ministro aseguró que el Ministerio mantiene una cooperación permanente con ACNUR para estudiar individualmente cada caso y determinar si procede la protección internacional o la expulsión.