Un video difundido por activistas de la oposición cubana muestra a ciudadanos panameños repartiendo alimentos y otros insumos a personas vulnerables en la provincia de Matanzas, imágenes que contrastan con la versión presentada por las autoridades cubanas sobre la detención de varios integrantes del grupo.
Las grabaciones, que según quienes las difundieron fueron realizadas en febrero de 2026, muestran a decenas de residentes de barrios humildes acercándose a viviendas y portones para recibir bolsas de alimentos y ayuda básica. En las imágenes aparecen ancianos, madres con niños y vecinos de la comunidad esperando para recibir donaciones.
El material fue compartido por miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). El activista Magdiel Jorge Castro señaló que, cuando se conoció en la localidad que ciudadanos extranjeros estaban entregando ayuda humanitaria, numerosos vecinos acudieron al lugar con la esperanza de recibir alimentos.
De acuerdo con declaraciones del opositor José Daniel Ferrer, el grupo de panameños había organizado el viaje desde comienzos de febrero con el propósito de entregar asistencia humanitaria a presos políticos, familiares de detenidos, activistas opositores y personas en situación de vulnerabilidad dentro de la isla.
Según Ferrer, los visitantes transportaban alimentos, medicamentos y otros productos esenciales, destinados a comunidades afectadas por la escasez y las dificultades económicas que atraviesa el país.
El activista explicó además que el grupo original estaba compuesto por 16 personas. Seis de ellas, responsables de distribuir alimentos, habrían abandonado Cuba después de conocer que las autoridades buscaban detenerlos, mientras que diez ciudadanos panameños permanecieron en la isla y posteriormente fueron arrestados.
La versión oficial ofrecida por el Ministerio del Interior (MININT) sostiene que los detenidos fueron arrestados el 28 de febrero de 2026 acusados de realizar actos de propaganda contra el orden constitucional, delito contemplado en el artículo 124 del Código Penal cubano.
Según las autoridades, los ciudadanos panameños habrían ingresado al país con la intención de colocar carteles considerados subversivos y presuntamente recibirían pagos de entre 1,000 y 1,500 dólares al regresar a Panamá. No obstante, hasta ahora no se han divulgado públicamente pruebas materiales de esas acusaciones.
Ferrer, por su parte, ofreció una interpretación distinta de los hechos. El opositor aseguró que algunos miembros del grupo también planeaban realizar acciones simbólicas de protesta, como la colocación de pegatinas en apoyo a activistas encarcelados, aunque insiste en que la misión principal del viaje era la entrega de ayuda humanitaria.
Entre las personas identificadas por activistas se encuentra Abigail Stephany Gudiño Castro, señalada como una de las detenidas. Ferrer indicó que otros nombres y fotografías del grupo serían divulgados posteriormente.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones opositoras y activistas, quienes aseguran que los arrestados permanecen en un centro de detención y temen que puedan ser sometidos a presiones para admitir cargos.
En paralelo, el activista Boris Betancourt, vinculado a la organización Camino a la Democracia de Cuba, anunció el inicio de una huelga de hambre para exigir la liberación de los ciudadanos panameños detenidos.
El episodio ocurre en un contexto de crisis económica y escasez generalizada en Cuba, donde iniciativas independientes de ayuda humanitaria suelen ser observadas con cautela por las autoridades. Mientras el gobierno sostiene que se trató de una acción con fines políticos organizada desde el exterior, sectores de la oposición argumentan que el viaje tuvo un componente principalmente solidario.
Hasta el momento no se ha confirmado públicamente si los detenidos cuentan con representación legal independiente ni si han recibido asistencia consular completa por parte de Panamá, un factor que podría influir en el desarrollo diplomático del caso en los próximos días.
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