El ministro de Justicia de Cuba, Óscar Manuel Silvera Martínez, aseguró este lunes que no existe injerencia estatal en los asuntos internos de la Gran Logia de Cuba, a pesar de que su propio ministerio ha reconocido oficialmente a Mayker Filema Duarte como Gran Maestro, en abierta contradicción con la elección realizada por la mayoría de los masones, que designaron a Juan Alberto Kessel Linares como legítimo sucesor.
Durante una intervención transmitida por medios estatales, Silvera defendió la actuación de su cartera bajo el amparo de la Ley 54 de asociaciones, afirmando que esta otorga al Ministerio un “papel rector” sobre todas las organizaciones fraternales registradas. A pesar de sus palabras, los hechos reflejan un contexto de control institucional sobre una organización con autonomía reconocida por su propia estructura legal.
La elección de Kessel Linares en mayo pasado, conforme a los estatutos internos de la masonería, fue desconocida por el Ministerio de Justicia, que continúa respaldando a Filema Duarte, pese a que fue destituido por la Alta Cámara masónica. La validación de su figura ha generado una creciente tensión entre el Estado y una parte importante de la membresía masónica.
En su comparecencia, Silvera admitió que más de mil asociaciones fraternales están registradas actualmente en el país, muchas de ellas relacionadas con la masonería, pero evitó referirse directamente a las acusaciones de presiones y detenciones contra líderes electos como Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, quienes han denunciado haber sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de agentes de seguridad.
El ministro destacó la existencia de una estructura normativa interna compleja dentro de la masonería cubana —que incluye su propia Constitución, estatutos, leyes electorales y códigos de justicia interna—, pero evitó explicar por qué su ministerio ha ignorado esos procedimientos legales autónomos al continuar reconociendo a una figura rechazada por la mayoría de los órganos legítimos de la Gran Logia.
Aunque Silvera aludió a la realización de “conversatorios y reuniones” con distintos representantes masónicos, varios de estos encuentros han tenido lugar bajo un clima de vigilancia, con denuncias de presiones policiales y un ambiente poco propicio para el diálogo genuino.
Para muchos masones, la actuación del Ministerio de Justicia representa un bloqueo institucional a su proceso de renovación interna, mediante la imposición de un liderazgo no consensuado, lo que contradice los principios fundamentales de esta organización fraternal.
Pese a este escenario adverso, los seguidores de Kessel Linares insisten en sostener su reclamo de forma pacífica, amparados en la legalidad de sus estatutos y el respaldo de logias a lo largo del país. Su exigencia no solo apunta al reconocimiento de su elección, sino a una reivindicación del derecho a la autonomía asociativa, hoy amenazada por la intervención indirecta de estructuras oficiales.
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