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Reñida disputa en las elecciones presidenciales de Honduras mientras avanza el escrutinio

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Tegucigalpa. – Honduras vive una jornada electoral de alto voltaje político mientras el escrutinio avanza lentamente y los resultados parciales muestran una contienda extremadamente cerrada entre los dos principales candidatos opositores. Con más de la mitad de las actas procesadas, la diferencia entre el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se ha reducido a apenas unos miles de votos, lo que mantiene al país en un ambiente de incertidumbre.

Según los datos más recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 55,87 % de las mesas escrutadas, Asfura encabeza el conteo con 735.703 votos (40 %), seguido muy de cerca por Nasralla, que acumula 731.527 votos. La distancia entre ambos es ahora inferior a 5.000 sufragios, un margen que permite prever que el resultado final podría demorarse y que aún es demasiado prematuro para anticipar un ganador.

Horas antes, con el 44,23 % de las actas procesadas, el margen entre ambos candidatos era de menos de 20.000 votos, lo que ya evidenciaba un avance sostenido de Nasralla en relación con el respaldo inicial que había recibido Asfura. El candidato nacionalista, quien contó durante la semana con el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, sigue defendiendo el primer lugar, aunque cada actualización del CNE muestra un escenario más ajustado.

En tercer lugar continúa la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien se mantiene lejos de los dos punteros con alrededor del 19 % de los votos, según las cifras preliminares difundidas por agencias internacionales.

La tensión política también se ha trasladado al discurso de los equipos de campaña. María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, aseguró que el proceso “apenas comienza” y que no habrá celebraciones anticipadas hasta que sea contado el último voto. “Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral”, declaró, insistiendo en que la estrechez del margen no altera su confianza en una eventual victoria.

Más de 2,8 millones de hondureños participaron en esta elección, marcada por la polarización, el alto nivel de vigilancia internacional y la expectativa de un país que enfrenta desafíos económicos, migratorios y de seguridad. El CNE ha pedido paciencia mientras se completan las verificaciones de actas, advirtiendo que el escrutinio podría prolongarse debido a inconsistencias, traslados y revisiones técnicas.

Con los resultados oscilando y sin una tendencia plenamente consolidada, Honduras continúa a la espera de un desenlace que podría redefinir su panorama político regional.

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Detienen en Honduras al exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, implicado en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya

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Las autoridades hondureñas han detenido este domingo al exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, señalado por su participación en el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009, así como a otros dos ex altos mandos militares, bajo acusaciones de homicidio y lesiones graves contra manifestantes durante los eventos de ese año.

El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez Velásquez, confirmó la captura a través de la red social X, detallando que la operación fue llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con el Ministerio Público en las ciudades de Tegucigalpa y La Paz.

Por su parte, Vásquez Velásquez ha utilizado la misma plataforma para denunciar lo que considera una «persecución política». En su mensaje, el exgeneral afirmó: «Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño» y acusó al actual Gobierno de intentar silenciarlo.

Acusaciones de violaciones a los derechos humanos

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, presentó cargos contra Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo (su segundo al mando) y Carlos Roberto Puerto Fúnez (excomandante del Mando de Operaciones Especiales). Según la acusación, los tres son responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves cometidos durante una manifestación en julio de 2009, en la que simpatizantes de Zelaya protestaban cerca del Aeropuerto Internacional Toncontín, esperando su regreso al país.

Durante la protesta, Isis Obed Murillo Mencías perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que Álex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones por disparos. Las investigaciones señalan que los militares usaron fuerza desproporcionada, disparando indiscriminadamente con armas de alto calibre contra manifestantes pacíficos.

Un comunicado de la Fiscalía señala que estos actos no fueron incidentes aislados, sino el resultado de órdenes directas de los acusados. Además, acusa a los altos mandos de incumplir su deber de supervisión y permitir violaciones graves a los derechos humanos.

Reacciones oficiales

El ministro de Exteriores de Honduras, Enrique Reina, calificó las detenciones como un avance en la búsqueda de justicia. «A nadie se le persiguió por esos crímenes, y ahora un Ministerio Público desempolva esos casos. Si son culpables, deben ser enjuiciados», afirmó.

Reina también destacó que los hechos fueron denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales, y criticó los intentos de ocultar la verdad mediante la manipulación de imágenes en medios de comunicación.

Contexto del golpe de Estado

El golpe de Estado contra Zelaya ocurrió el 28 de junio de 2009, cuando aproximadamente 200 militares lo arrestaron en su residencia y lo llevaron al aeropuerto bajo amenazas armadas, deportándolo posteriormente a Nicaragua. Los manifestantes que se congregaron para exigir su regreso fueron recibidos con violencia, marcando uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Honduras.

CubaHerald continuará informando sobre este caso y sus implicaciones para el panorama político y social en Honduras.

Honduras bloquea tratado aéreo con Cuba por riesgos de seguridad

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El Congreso de Honduras ha detenido la aprobación de un tratado que abriría el espacio aéreo entre Honduras y Cuba debido a la firme oposición de varios sectores políticos que lo consideran un riesgo para la seguridad del país. El acuerdo, firmado en noviembre de 2023 en La Habana entre el ministro hondureño Ricardo Salgado y su homólogo cubano Eduardo Rodríguez Dávila, permitiría vuelos comerciales, de carga e incluso militares entre ambos países.

El tratado ha generado preocupación por el posible aumento en la migración irregular cubana, convirtiendo a Honduras en un punto de tránsito similar a Nicaragua. La diputada liberal Maribel Espinoza calificó la posible retirada del acuerdo como «una buena noticia», alegando que el ministro Salgado no tenía la autoridad legal para suscribirlo, lo que dificulta su aprobación.

Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras, también expresó dudas sobre los beneficios económicos del tratado, cuestionando qué empresas operarían bajo el acuerdo y cuál sería el impacto real para el país. Otros legisladores, como Hernán Guevara del Partido Nacional, señalaron los problemas de derechos humanos en Cuba y la posible implicación del acuerdo en la seguridad de Honduras.

A pesar del respaldo de la presidenta Xiomara Castro, el tratado no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso, donde la oposición, compuesta por 43 diputados del Partido Nacional y otros grupos, ha bloqueado su avance, dejando en suspenso el futuro de este acuerdo bilateral.

Honduras Anuncia el Fin del Acuerdo de Extradición con Estados Unidos Tras Críticas Diplomáticas

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En un giro significativo en las relaciones diplomáticas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha declarado la intención de su gobierno de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Esta decisión responde directamente a las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien expresó preocupación sobre las conexiones del gobierno hondureño con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según Europa Press, la embajadora Dogu calificó de «sorprendente» que funcionarios del departamento de defensa de Honduras se reunieran con el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López, a quien se refirió como un «narcotraficante». Estas declaraciones han provocado una reacción inmediata por parte de la presidenta Castro, quien expresó su rechazo a través de las redes sociales, condenando lo que considera una interferencia en los asuntos internos de Honduras.

«La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable», manifestó Castro, subrayando un creciente descontento con la política exterior estadounidense hacia su país.

Como consecuencia de estas tensiones, la presidenta instruyó al ministro de Exteriores, Enrique Reina, a denunciar formalmente el tratado de extradición, un acuerdo bilateral que ha facilitado el intercambio de personas acusadas de delitos entre Honduras y Estados Unidos. Esta acción marca un paso preliminar hacia la disolución completa del tratado, reflejando una escalada en las fricciones entre ambos países.

El ministro Reina también expresó su descontento, calificando de «insorportable» la crítica estadounidense. Según Reina, las autoridades hondureñas simplemente participaron en una competencia de academias militares, y las acusaciones y descalificaciones de sus funcionarios representan una amenaza directa a la independencia y soberanía de Honduras.

Esta decisión de Honduras de revaluar sus acuerdos con Estados Unidos sugiere un periodo de recalibración en sus relaciones internacionales, especialmente en lo que concierne a la cooperación judicial y de seguridad con Washington. La medida también puede ser vista como un indicador del creciente desafío de los países latinoamericanos a las políticas diplomáticas de Estados Unidos en la región.