El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su preocupación por las recientes detenciones «arbitrarias» y la «persecución» de opositores y sus familiares en Venezuela, pocos días antes de la toma de posesión presidencial en el país.

En declaraciones ofrecidas por su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres hizo un llamado a respetar las normas internacionales, recordando que «nadie debe ser sometido a arresto o prisión arbitraria» y que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica».

Entre los detenidos se encuentra Enrique Márquez, excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien ahora forma parte del Frente Democrático Popular (FDP), una coalición que reúne a diversos grupos políticos y sociales, incluido el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Además, la organización venezolana Espacio Público denunció la desaparición de su director, el periodista y activista Carlos Correa, quien habría sido interceptado en Caracas por individuos encapuchados el martes por la tarde.

Por otra parte, Edmundo González, excandidato presidencial exiliado en España tras las elecciones de 2024, denunció el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, quien fue interceptado mientras se encontraba en Estados Unidos como parte de una gira internacional.

Estos hechos han intensificado la preocupación internacional sobre el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela en un momento político crucial.

Al menos 58 menores de entre 14 y 17 años continúan detenidos en Venezuela tras las protestas ocurridas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según reportó la ONG Foro Penal. Estas manifestaciones surgieron en rechazo a los resultados que declararon como ganador al presidente Nicolás Maduro, en medio de múltiples denuncias de fraude por parte de la oposición.

De acuerdo con Foro Penal, los menores fueron arrestados durante las movilizaciones que se extendieron en varias regiones del país, donde los ciudadanos expresaron su descontento por lo que consideran un proceso electoral manipulado. Las detenciones de adolescentes han generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes exigen la liberación de estos jóvenes y acusan al gobierno de violar las normativas internacionales de protección infantil.

La oposición venezolana ha señalado que las elecciones carecieron de transparencia y que se llevaron a cabo bajo un clima de intimidación y represión, con el uso de la fuerza para disuadir a los manifestantes. Además, organismos internacionales han expresado su inquietud por el deterioro de la democracia en Venezuela y la respuesta del gobierno a las protestas que siguieron al anuncio de los resultados.

Las familias de los menores detenidos, junto con organizaciones de derechos humanos, continúan presionando para su liberación y para que se respete el debido proceso. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones oficiales sobre la situación de los jóvenes detenidos ni sobre las demandas de su liberación.

La detención de estos menores es solo una de las muchas acciones represivas denunciadas tras los comicios, en los que cientos de personas fueron arrestadas durante las manifestaciones. Venezuela atraviesa una de sus peores crisis políticas y sociales, marcada por la polarización, la migración masiva y la grave situación económica que afecta a millones de ciudadanos. La tensión en el país sigue en aumento, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desenlace de esta situación.

En las recientes protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado serias irregularidades y violaciones de derechos en las detenciones efectuadas por el régimen venezolano.

La ONG Foro Penal ha informado que hasta el momento, 1,102 personas han sido detenidas en el contexto de las manifestaciones, incluyendo a 100 adolescentes y cinco indígenas. Según los registros de esta organización, las detenciones han tenido lugar en casi todas las regiones del país, reflejando la intensa represión ejercida por el gobierno desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto de 2024, en respuesta a las acusaciones de fraude electoral.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, declaró a la agencia Efe que la mayoría de los detenidos enfrentan cargos de «terrorismo», una acusación recurrente del régimen para criminalizar la disidencia.

Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, también comunicó a Efe que las detenciones de los menores presentan numerosas irregularidades. Entre ellas, destaca el traslado de los adolescentes a comandancias policiales o sedes militares en lugar de instalaciones especializadas para menores, y el incumplimiento de los plazos legales para su presentación ante los tribunales. Algunos de los detenidos han permanecido más de 24 horas sin conocer las razones de su detención, una práctica que viola los procedimientos legales establecidos.

Los familiares de los detenidos han denunciado el uso excesivo de violencia física y psicológica durante los arrestos, así como la falta de comunicación entre los adolescentes y sus representantes legales. En particular, se ha reportado el caso de un menor de 13 años entre los detenidos, lo cual contraviene la legislación venezolana que establece la inimputabilidad de los menores de 14 años.

Estas denuncias resaltan la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, y ponen de manifiesto las preocupaciones sobre el uso de la justicia como herramienta de represión política por parte del gobierno de Nicolás Maduro.