Seis migrantes fueron abatidos el martes por la noche por soldados mexicanos en una carretera del estado de Chiapas, al sur del país. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los soldados habrían confundido a los migrantes con presuntos delincuentes. El incidente dejó cuatro muertos en el lugar y otros dos fallecidos posteriormente en un hospital.
El suceso tuvo lugar el mismo día en que Claudia Sheinbaum asumió como presidenta de México, en medio de un discurso en el que negó la militarización del país y afirmó que no hay violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos hechos han puesto nuevamente en la mira el papel de los militares en la seguridad pública, especialmente en zonas donde la violencia del crimen organizado ha recrudecido.
Los 33 migrantes, entre los que se encontraban ciudadanos de Egipto, Nepal, Cuba, India y Pakistán, viajaban en tres camionetas. Sedena informó que no se ha confirmado el origen de los fallecidos. El incidente ocurrió a unos 80 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala, donde los soldados realizaban labores de reconocimiento.
Según el comunicado oficial, una de las camionetas en las que viajaban los migrantes circulaba a alta velocidad y evadió a los militares, mientras que las otras dos se asemejaban a vehículos usados por grupos delincuenciales en la región. Los soldados, tras escuchar detonaciones, dispararon contra los vehículos, lo que resultó en que se detuvieran.
Además de las víctimas mortales, 10 migrantes resultaron heridos, mientras que los 17 restantes fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. Los dos soldados responsables de los disparos fueron separados de sus funciones y denunciados ante la fiscalía general.
Chiapas, uno de los estados más pobres de México, ha visto un aumento en la violencia debido a los enfrentamientos entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, quienes luchan por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes. Estos últimos, que llegan a la región en grandes números cada año, se enfrentan a múltiples peligros, incluyendo el crimen organizado, extorsiones y accidentes.
El gobierno mexicano ha anunciado que se mantendrá en contacto con las embajadas correspondientes para asistir a los afectados y sus familias.