RÍO DE JANEIRO — Una operación de gran escala contra el Comando Vermelho, considerada la mayor organización criminal de Brasil, ha dejado al menos 64 personas muertas y 81 detenidas en Río de Janeiro, en medio de intensos tiroteos que transformaron varios barrios de la ciudad en auténtos campos de batalla.
Según confirmaron medios internacionales como The Guardian, AP News y Cadena SER, el operativo, que involucró a más de 2,500 agentes de distintas fuerzas de seguridad, se concentró en los complejos de Alemão y Penha, en la zona norte de la capital fluminense, donde la presencia del narcotráfico ha sido históricamente dominante.
Durante la intervención, los enfrentamientos se extendieron por horas, con barricadas ardiendo, ráfagas de disparos y explosivos lanzados desde drones. Numerosas calles quedaron bloqueadas y varias zonas residenciales resultaron gravemente afectadas, dejando a la población en medio del fuego cruzado.
Autoridades locales calificaron la situación como una “guerra urbana sin precedentes”, mientras equipos de emergencia trataban de evacuar a heridos en medio de un clima de caos y confusión. Entre los fallecidos se encuentran presuntos integrantes del grupo criminal, aunque organizaciones de derechos humanos han exigido una investigación independiente ante posibles abusos cometidos durante la operación.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sido objeto de críticas por no autorizar una intervención militar directa, aunque el Gobierno Federal confirmó haber brindado apoyo logístico y de inteligencia, además del despliegue de la Força Nacional de Segurança Pública, encargada de reforzar el control tras los combates.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la actuación policial afirmando que el objetivo principal era recuperar el control de áreas dominadas por el crimen organizado, aunque reconoció que la magnitud de la violencia superó las expectativas iniciales.
Los habitantes de las favelas de Alemão y Penha han denunciado falta de acceso a alimentos, apagones eléctricos y viviendas dañadas por el intercambio de disparos. Las escuelas y centros de salud permanecen cerrados, mientras miles de familias se mantienen confinadas por miedo a nuevos enfrentamientos.
Analistas de seguridad señalan que este episodio refleja la profunda crisis estructural de la seguridad pública brasileña, donde las organizaciones criminales siguen ejerciendo un control territorial y económico considerable pese a los constantes operativos policiales.
Río de Janeiro amanece con el saldo más trágico en años dentro de su larga lucha contra el narcotráfico, en un contexto en el que la violencia urbana continúa cobrando vidas y debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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