Un escándalo de corrupción sin precedentes sacude nuevamente a Cuba. Más de 817.000 litros de combustible para aviones (Jet A1) fueron sustraídos de una empresa estatal de transporte de hidrocarburos en Guanabacoa, La Habana, según reveló el programa televisivo Hacemos Cuba.
El combustible robado estaba destinado a abastecer vuelos nacionales e internacionales, y su desvío fue posible gracias a una red de empleados, directivos y cómplices externos, que operó durante meses manipulando los tanques de almacenamiento en el área conocida como nicho 6. Allí, los implicados empleaban camiones de distintas empresas estatales para extraer el carburante de forma encubierta, según las investigaciones del Ministerio del Interior (MININT).
Los peritajes oficiales estiman pérdidas superiores a 18 millones de pesos cubanos (CUP) a precios subsidiados, aunque en el mercado negro el valor del combustible sustraído podría alcanzar cifras varias veces mayores. El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a 17 personas a penas que oscilan entre 7 y 10 años de prisión por los delitos de robo con fuerza, malversación, cohecho y receptación. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indicaron que el caso también podría ser considerado “sabotaje”, dada su magnitud y su impacto en la crisis energética nacional, lo que elevaría las sanciones hasta 30 años de cárcel.
El teniente coronel Asmel Rojas Águila, del MININT, explicó que uno de los métodos más usados por los implicados consistía en alterar la temperatura de los tanques de almacenamiento para expandir el volumen del combustibley apropiarse del excedente. Pese a que las autoridades lograron recuperar alrededor de 350.000 litros de los sustraídos, las pérdidas continúan siendo considerables y los controles internos, insuficientes.
Empresas estatales como CUPET y la Unión Eléctrica han reforzado la vigilancia en sus instalaciones y depósitos, mientras funcionarios reconocen que la corrupción interna sigue siendo el principal obstáculo para frenar este tipo de delitos.
En medio de una grave crisis energética, con apagones diarios y escasez de combustible en todo el país, la Fiscalía General de la República exhortó a la ciudadanía a denunciar anónimamente cualquier actividad sospechosavinculada al desvío o venta ilegal de carburantes. Las autoridades consideran que la cooperación ciudadana es clave para detectar y desmantelar estas redes, que continúan afectando la economía nacional y la seguridad energética del país.
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